A través de un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno anunció el lanzamiento de su propia reforma migratoria, la cual se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los próximos días.
la medida busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y arancelar determinados servicios, además que pretende ampliar los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país, algo que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien es una de las promotoras principales de esta medida, había aplicado durante la administración nacional de Mauricio Macri a través del DNU 70/17.
“Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, esgrimió en primer término el vocero en la Sala de Conferencia de Casa Rosada, donde estuvo acompañado por Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La elaboración legal de la medida estuvo bajo la responsabilidad de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal.
En primer lugar, se estableció que, a partir de la publicación del decreto, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio nacional, cualquiera sea su pena, serán deportados, aunque aún no se informó cómo serán los procedimientos y cuánto se deberá esperar para hacerlo. Se habilitarán que los ilícitos con penas menores a 5 años sean motivo de denegar el ingreso al país o de deportación, según sea el caso.
Por otro lado, exigirán el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, impondrán la obligatoriedad para contar con un seguro médico en su ingreso al país. Según los datos oficiales, pretenden que se minimice el gasto de $ 114.000 millones que significó la atención a extranjeros. Tal y como habían dado a entender, se autorizará a las Universidades Nacionales a que, si quieren, podrán establecer aranceles para los servicios educativos a residentes temporarios. Esto no abarca a la educación inicial, primaria o secundaria.
La reforma fue anunciada por el presidente Javier Milei el pasado 1 de marzo durante la Apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias. En su discurso, Milei destacó la necesidad de realizar cambios en la política migratoria del país, argumentando que Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero que no puede permitirse ser “un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”. Según el mandatario, la reforma es un paso necesario para consolidar un país “serio”.
Una vez hecho el anuncio, Catalán justificó la medida en sus redes alegando que Argentina tiene “una política migratoria que invita al caos”, dado que “en los últimos 20 años, ingresaron más de un millón de inmigrantes de forma irregular”.
En términos generales, el 39,2% de las personas privadas de libertad no tenían condena judicial. Y la sobrepoblación carcelaria era de 20% y la tasa de presos está en su máximo histórico, 240 internos cada 100.000 habitantes.
El informe anual de 2024 del Ministerio Público Fiscal publicado a comienzos de año informa que hay 1.884 personas extranjeras detenidas bajo la órbita del Sistema Penitenciario Federal (SPF), un 16,1% de la totalidad de esa población carcelaria. De este subgrupo, 69% son oriundas de Paraguay, Bolivia y Perú, si a ello se agregan los oriundos de Brasil, Uruguay y Chile se puede observar que las personas privadas de libertad de países limítrofes supera el 80% de la totalidad de los extranjeros.
desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el número de personas extranjeras en sus propios penales es de 3050, representando el 45% de esa población carcelaria específica a nivel nacional.
Además de la expulsión de personas migrantes, la intención de Bullrich es aplicar nuevamente algunos aspectos de lo que fue su reforma impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, el cual fue derogado por Alberto Fernández en 2021 (con el DNU 138/2021), luego de diversas acciones de amparo colectivo presentado por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Aquel decreto terminó siendo declarado como inconstitucional por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, un fallo que contó con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani.
Entre los puntos más cuestionados fue que el decreto imponía “restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes”, en “contravención” de los estándares internacionales, citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser adoptadas mediante leyes formales del Poder Legislativo y no por actos administrativos; enfatizando que los procedimientos migratorios deben garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente en casos de expulsión o deportación.
