El Gobierno nacional, mediante la IGJ (Inspección General de Justicia), resolvió suspender las elecciones anticipadas en la Asociación del Fútbol Argentino, pautadas a realizarse en la próxima asamblea del 17 de octubre.
En consecuencia, la entidad no podrá tratar la re reelección como presidente de Claudio “Chiqui” Tapia ni los descensos, como así tampoco la mudanza de la sede de la AFA de CABA a la provincia de Buenos Aires.
La Asamblea había sido convocada para el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, pero a partir de ahora se abre un camino judicial.
Entre los argumentos, la IGJ advirtió además que “la AFA debe cumplir estatutariamente con la Ley del Deporte’ que no contempla, como quiere Tapia, de ampliar de 4 a 5 mandatos, en violación de lo establecido por la norma vigente”.
La decisión fue notificada al juez Christian Ricardo Pettis, que entiende en una causa que había iniciado el tesorero Pablo Toviggino, para impedir la intervención de la IGJ.
En este contexto, ahora el presidente de la AFA deberá decidir si acata o no la resolución de la Justicia, sobre todo porque recién mañana miércoles podrá hacer efectiva una presentación para revertir la decisión del órgano de contralor de las sociedades civiles que tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, el escenario que se abre tiene ya un cariz judicial, más que político y mediático. Es que si la AFA realiza igualmente la asamblea, tanto Tapia como todos los que participen del acto y convaliden la elección de autoridades podrían quedar alcanzados por un delito penal contemplado en el art. 239 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Por su parte, los miembros del Comité Ejecutivo de AFA, gerentes y miembros del Consejo Directivo podrán ser acusados también de la comisión del delito previsto en el artículo 301 del Código Penal, que señala que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos…”.
La única alternativa que la entidad tendría a mano es la de presentar un recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil porteña. Pero acá hay un requisito que complejiza más el derrotero judicial: ese recurso se debe presentar ante la misma IGJ y, conforme a lo que dispone la ley 22.315 (artículos 16 y 18), el recurso debe concederse con efecto “devolutivo”. En concreto, la prohibición que pudiera establecer IGJ estaría vigente durante todo el tiempo en que tramitara el recurso.
La eventual jugada de Tapia de desafiar una decisión adversa de IGJ en esta materia, llevando adelante la elección igualmente “en rebeldía y desoyendo la eventual resolución denegatoria” de la autorización de la asamblea, podría colocarlo en una situación de alto riesgo. En el Gobierno pusieron la mira en el artículo 10, inciso j) apartado 2, de la ley 22.315, podría llegar a disponerse, incluso e in extremis, una intervención. “Nadie piensa en este escenario. Pero existe”, admitieron las fuentes consultadas por este medio.
