El gobierno de los Estados Unidos está considerando intervenir en la disputa legal que enfrenta a la Argentina con los accionistas de YPF, en un caso de alto perfil que podría tener fuertes implicancias tanto para la empresa como para las relaciones diplomáticas entre Javier Milei y la Casa Blanca.
En una carta enviada a la jueza Loretta Preska, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, informó que el Departamento de Justicia está evaluando presentar una Declaración de Interés en el caso. Esta decisión, que aún está en proceso de debate, se daría en el marco de dos demandas interpuestas por los accionistas de YPF, quienes acusan al Estado argentino de incumplimiento de contrato.
Los demandantes, entre los que se encuentran Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido. Esta moción está actualmente en espera de la decisión del tribunal.
La intervención de los Estados Unidos podría cambiar drásticamente la dinámica del caso. Según la carta, firmada por el fiscal adjunto David Farber, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene hasta el 6 de noviembre de 2024 (el día después de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos) para decidir si presentará formalmente su Declaración de Interés, lo que reflejaría una posición oficial del gobierno estadounidense respecto a los litigios en curso.
“El gobierno de los Estados Unidos está considerando activamente si presentar o no una Declaración de Interés respecto a la moción pendiente de orden judicial y entrega”, señaló la misiva. Además, solicitó que la jueza Preska reserve su decisión sobre la moción hasta que se tome una determinación sobre la participación de Estados Unidos.
La posible intervención de Washington en este caso es un indicativo de la relevancia que ha adquirido el litigio, no solo en términos económicos sino también en el ámbito diplomático. El proceso de decisión, según explica la carta, involucra una coordinación entre diversas agencias gubernamentales y requiere la aprobación del Fiscal General Adjunto Principal para la División Civil del Departamento de Justicia.
La disputa judicial se enmarca en una serie de demandas presentadas por los accionistas de YPF tras la expropiación de la compañía por parte del gobierno argentino en 2012. Los demandantes alegan que la Argentina violó acuerdos previos con los accionistas al nacionalizar la empresa sin respetar las condiciones establecidas, lo que derivó en pérdidas significativas para los inversores.
Días atrás, la Argentina, YPF y los beneficiarios del fallo por la expropiación presentaron sus argumentos finales ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El país pidió la anulación del fallo que lo condenó en primera instancia a pagar más de US$16.000 millones a quienes eran accionistas minoritarios al momento de la nacionalización.
Los beneficiarios del fallo son, en realidad, fondos que les compraron el juicio a las empresas afectadas originalmente que tenían participaciones más chicas en YPF cuando fue estatizada. El reclamo de esos accionistas es que la Argentina no les dio un trato igualitario con respecto a Repsol (que finalmente terminó cobrando) a pesar de lo que establecían los estatutos de la petrolera al momento de la privatización.
En primera instancia, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina. Como el país no pagó y procedió con la apelación, la magistrada autorizó a los beneficiarios del fallo a buscar bienes del país para embargar. Sin embargo, les resulta muy difícil conseguir algún activo que puedan confiscar. Por eso, la estrategia de los demandantes es ahora buscar “alter egos” del país y apuntan a Banco Nación, Banco Central, Arsat y otras empresas públicas.
