El expresidente Alberto Fernández se defendió en la causa por la posible defraudación millonaria al Estado a través de la contratación de Nación Seguros. El exmandatario habló de una “persecución política” basada en “noticias falsas”, en un escrito que presentó ante la Justicia.
Además dijo que no favoreció al broker, Héctor Martínez Sosa, imputado en el expediente al igual que él, por presuntas irregularidades en contrataciones de seguros.
El exmandatario consignó en un escrito que presentó ante el juez federal, Julián Ercolini, a cargo del expediente, que el decreto que determinó la obligatoriedad de contratar pólizas con Nación Seguros apuntaba a que las primas no fueran para “empresas extranjeras”.
Alberto Fernández además negó que haya favorecido al broker, imputado en la causa. El expresidente consignó en su defensa: “La idea de que el Decreto Nro. 823/2021 fue dictado para beneficiarlo (en relación a Martínez Sosa) es absurda, toda vez que la mayoría de los contratos en los que intervino son previos a mi asunción como Presidente”.
Martínez Sosa es a su vez esposo de María Cantero, histórica secretaria del exmandatario. Cantero facilitaba al broker la gestión de reuniones y negociaciones con distintos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, entre ellas para acceder a los seguros de Fabricaciones Militares (FM).
Alberto Fernández consideró, en su primera presentación en la causa Nación Seguros, que la denuncia es “una persecución política direccionada desde el sistema penal”, que no se mencionan delitos y que se basa en datos falsos e imprecisos, con críticas a la prensa.
El exmandatario dijo: “Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina-de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”.
Dijo que la denuncia tiene un “tinte ideológico”, libertario, toda vez que “se pone como foco de la denuncia el ‘monopolio’ en el ámbito de seguros estatales”, en línea con la intervención mínima del Estado en la economía, uno de los ejes del modelo que impulsa el Gobierno.
Planteó que el decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros se basó en “una decisión que buscó que el dinero que el Estado Nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado” y que “tuvo un propósito expreso fundado en razones de política económica que no fue otro que mantener a los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero”.
Dijo que “el Presidente de la Nación no tuvo ni tiene ninguna injerencia” en esas contrataciones de seguros y que es “totalmente ajeno” a las empresas de Martínez Sosa: “Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”.
