La disposición de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que falló en contra de la Argentina por la expropiación de YPF generó preocupación en el Gobierno y la oposición. No tanto por lo inesperado de la decisión judicial, sino por la orden de pagar una inédita indemnización de US$16.000 millonesy que seguramente deberá resolver la próxima administración.
Para dimensionar ese valor, una alternativa es observar el saldo comercial del sector energético. En concreto, esos US$16.000 millones equivalen a las exportaciones de Combustibles y Energía de los últimos dos años, ya que entre junio de 2021 y julio de este año se acumularon exportaciones por US$16.610 millones.
De esas cifras se desprende que en esos meses, las exportaciones del sector promediaron los US$639 millones por mes. En este sentido, Rodríguez destacó que el gasoducto Néstor Kirchner permitiría que crezcan las exportaciones de gas y también aumentarían las de petróleo, “ya que la mayor oferta de gas interno incrementa los saldos exportables de petróleo”.
Sin embargo, advirtió que la capacidad del país de cubrir el monto impuesto por la justicia estadounidense a través de las exportaciones del sector dependerá de las decisiones del próximo gobierno. “No lo veo factible para el corto plazo, ya que aumentar significativamente las exportaciones requiere un fuerte proceso de inversiones, sobre todo en Vaca Muerta. El próximo gobierno deberá establecer nuevas reglas de juego en el mercado, y eso puede llevar algo de tiempo”
El fallo por la estatización de YPF inquieta a todo el arco político y abre interrogantes sobre lo que viene. No solo porque deja un largo y estricto proceso judicial latente, sino porque, así como anticipó este medio, se trata de la sentenciamás cara contra un Estado soberano en la historia de las cortes estadounidenses.
Si bien se espera que la sentencia quede firme antes de las elecciones del 22 de octubre, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que la Procuración del Tesoro apelará la decisión
en los equipos económicos de Patricia Bullrich y de Javier Milei reconocen que deberán negociar para resolver la situación en caso de llegar a la Casa Rosada.
“Será el próximo gobierno el que deba definir si negocia con el fondo demandante Burford Capital o lleva el caso ante la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.”
En este sentido, graficó en su cuenta de Twitter que existen tres caminos posibles una vez que quede firme la sentencia, es decir, sin contemplar una reconsideración del fallo.
En primer lugar, si la Argentina apela la decisión, podría depositar una garantía para evitar embargos y, si decide no pagar esa garantía, Burford podría solicitar el embargo de bienes argentinos en el exterior. Como segunda alternativa, Burford también podría apelar la decisión. En ambos casos, esta instancia se extendería entre nueve y 12 meses, de acuerdo a los cálculos de Maril.
Como tercera opción, alguna de las dos partes podría pedir la suspensión del caso hasta el próximo 10 de diciembre. Dicho de otro modo, frenar la discusión hasta que asuma el próximo gobierno, que podría continuar con la apelación o negociar un nuevo acuerdo.
La expropiación de YPF se realizó bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del Ministerio de Economía. Burford Capital es de un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación.
