“Hay que meter quinta a fondo y acelerar ciertas negociaciones”, reconoce un operador político de la Casa Rosada. Se refiere a la Reforma Política y al Presupuesto 2027. Aunque abordan temas distintos, ambos proyectos están estrechamente ligados en las negociaciones y tienen consecuencias para la Nación y las provincias: uno incide en las elecciones y el otro define los recursos disponibles el próximo año, cuando el Presidente, los gobernadores y los legisladores nacionales y provinciales buscarán conservar el poder.
En ese marco, Javier Milei pidió expresamente a sus funcionarios políticos que logren la aprobación de las dos iniciativas. Ninguna consiguió dictamen en su cámara de origen, pero, tras la visita del papa León XIV, el oficialismo resolvió acelerar el tratamiento.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, instruyó al senador Agustín Coto a convocar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para intentar obtener dictamen sobre la reforma política. El proyecto propone eliminar o suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, además de modificar de manera sustancial artículos de la legislación sobre el sistema de partidos políticos.
En el bloque oficialista del Senado dudan de que la Casa Rosada reúna los votos necesarios, pero consideran que la convocatoria busca presionar a los gobernadores para que definan una posición y respalden al Gobierno en las negociaciones ya iniciadas.
“No hay mucho tiempo más, eso también motiva a que llamemos”, reconocen en el Poder Ejecutivo. “Con los gobernadores más cercanos las cosas ya están charladas: primero pactamos con los amigos, luego con los que nos falta ponernos de acuerdo”.
Hasta ahora trascendieron entendimientos sobre partidas específicas del Presupuesto 2027, transferencias por deudas que la Nación mantiene con varias provincias y Aportes del Tesoro Nacional. Los negociadores oficialistas advierten que esos acuerdos son apenas la superficie.
El contenido de las conversaciones no se hizo público, pero incluye negociaciones electorales. “A nivel subterráneo ya se está hablando de quién pone el primer senador, quién pone el segundo de la lista de Diputados, con quién se habilita una colectora y todos esos temas”, afirman. Entre quienes llevan adelante las tratativas, Santilli es el más dispuesto a ceder en ese terreno. El vicepresidente nacional de La Libertad Avanza, Martín Menem, y su armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, sostienen posiciones más firmes.
Por ahora no hay nuevas reuniones presenciales con gobernadores previstas en Buenos Aires, aunque podrían concretarse la semana próxima. Santilli y el menor de los Menem viajarán a la Cumbre de Minería Sostenible, que se realizará en Mendoza. También asistirán el anfitrión, Alfredo Cornejo, y los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy, y Raúl Jalil, de Catamarca. Sus provincias son las principales jurisdicciones mineras y reciben de manera directa inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La decisión del Gobierno de acelerar la reforma política coincide con la disposición de un número creciente de gobernadores a convocar sus propias elecciones provinciales.
Días atrás se supo que Neuquén será la primera provincia en votar. El gobernador Rolando Figueroa llamó a elecciones para el 14 de febrero de 2027 mediante el decreto 1860/2026, publicado el 9 de noviembre.
Ese día se elegirán gobernador, vicegobernador, 35 legisladores provinciales, intendentes y concejales en 13 municipios. La decisión, según pudo saber este medio, generó malestar entre los responsables políticos de La Libertad Avanza: “Aprovechó la visita del Papa para convocar a elecciones dentro de tres meses. No queda nada de tiempo”.
A casi un año de las elecciones presidenciales, previstas para el 24 de octubre de 2027, el panorama electoral provincial empieza a definirse, aunque todavía hay pocas decisiones formales. De los 22 distritos que renovarán sus gobiernos el año próximo —todos menos Corrientes y Santiago del Estero, además de la Ciudad de Buenos Aires—, solo dos establecieron por decreto la fecha de los comicios. La primera fue Tucumán: Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo para elegir gobernador, legisladores, intendentes y concejales.
Entre las provincias que ya anunciaron una fecha, pero aún no firmaron el decreto, está Santa Fe. Maximiliano Pullaro confirmó que mantendrá las PASO el 18 de abril y que las elecciones generales serán el 13 de junio, aunque la convocatoria formal se firmaría recién hacia fin de año. Salta, por su parte, se encamina a votar a mediados de mayo, el 16 o el 23, y su decreto sería inminente. Catamarca anunció que irá a las urnas junto con la Nación, el 24 de octubre, y en La Rioja se da casi por seguro que ocurrirá lo mismo.
Otras provincias confirmaron que se apartarán del calendario nacional, aunque todavía no definieron el día. Río Negro prevé votar en marzo; Chubut conversa con sus vecinos patagónicos sobre una fecha en agosto, y Misiones considera abril o mayo. La Constitución de Tierra del Fuego, en tanto, establece que debe votar en una fecha distinta de la nacional.
Los distritos con mayor peso electoral todavía no resolvieron cuándo elegirán a sus autoridades. En Córdoba, Martín Llaryora analiza opciones entre marzo y mayo. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof supedita su decisión a lo que ocurra con las PASO, que por ley están vinculadas al calendario nacional; no se espera una definición antes de marzo. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri evalúa hacer coincidir los comicios con la elección presidencial. Mendoza, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Formosa tampoco fijaron una fecha.
Algunas provincias, como La Pampa, esperan conocer el resultado del debate nacional sobre las PASO: “Cuando se defina eso, veremos”. Varios gobernadores aguardan esa resolución antes de tomar decisiones, por lo que el calendario podría quedar completo en las próximas semanas.
