La resolución fue dictada por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, y la Procuración Penitenciaria de la Nación, que interviene como querellante.
El magistrado también dispuso la inhibición general de bienes de todos los acusados.
Los hechos se iniciaron en la tarde del domingo 9 de junio de 2019, cuando presos del Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza protestaron por un cambio en el horario de visitas.
Los internos insultaron a los celadores, arrojaron objetos contra el acrílico de la celaduría y prendieron fuego colchones de goma espuma. Lo ocurrido durante las cuatro horas siguientes y en los cuatro días posteriores será analizado en el juicio oral.
Rodríguez Ponte dio por concluida la investigación y remitió la causa a un Tribunal Oral Federal de La Plata, que será definido por sorteo.
Tras el incendio, el jefe de turno solicitó el ingreso de grupos operativos para “restablecer el orden” en el pabellón.
Se conformó entonces un “cuerpo de requisa extraordinario”, integrado por agentes de la División Registros y del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes. Llevaban escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas con munición antitumulto.
De acuerdo con la acusación, los miembros del grupo dispararon desde la entrada hacia el interior del pabellón, “en algunas ocasiones apuntando directamente al cuerpo de los internos”, en lugar de hacerlo con fines disuasivos.
Una vez adentro, empujaron a los presos hasta un rincón, entre las celdas 9 y 10. Los internos cayeron unos sobre otros y formaron lo que el expediente describe como una “montaña humana”.
Cuando ya estaban reducidos y no podían resistirse, los golpearon, les rociaron gas pimienta en la cara y les dispararon a corta distancia. En el pabellón había 32 detenidos. El Cuerpo Médico Forense encontró lesiones en 15, dos de ellos con fracturas de cúbito.
En paralelo, nueve presos se habían refugiado en la celda 10, individual, y habían cerrado la puerta. Según la acusación, algunos agentes les echaron gas pimienta por la mirilla y otros lo hicieron desde el patio, a través de la ventana, mientras los insultaban.
La agresión continuó pese a los pedidos de auxilio. En un momento, uno de los detenidos metió la cabeza en el inodoro, desesperado porque no podía respirar.
Al finalizar la requisa, obligaron a cada preso a desnudarse frente a su celda y a informar sobre sus lesiones ante los mismos agentes que habían participado del operativo.
Uno de los penitenciarios grabó imágenes y audio de las conversaciones en la celaduría. Ese material se convirtió en una prueba central de la causa.
Los médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, observaron el operativo desde el pasillo. Según la investigación, cuando ingresaron no revisaron a los presos: los miraron desde lejos, detrás de los agentes, y anotaron solo una parte de lo que les relataban los internos.
A partir de las grabaciones, la Cámara Federal de La Plata indicó que los médicos certificaron que diez detenidos no tenían lesiones, aunque en exámenes posteriores se detectaron heridas. Ambos serán juzgados por falsedad ideológica y por omitir denunciar torturas.
Al día siguiente, el Comité de Seguridad de la unidad recomendó aplicar un régimen de “sectorización”. La medida fue dispuesta por Benedicto Rafael Aguilar, director de la Unidad Residencial III, y ejecutada por los jefes de turno entre el 10 y el 13 de junio.
Aunque se presentó como una disposición preventiva, en la práctica operó como una sanción colectiva, prohibida por la ley.
Durante esos días, según la acusación, las cuatro comidas diarias se dejaban en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos encerrados.
Las bandejas tampoco pasaban por la mirilla. Desde las celdas, los internos veían cómo las ratas se comían la comida. El pabellón permanecía sin luz, los inodoros y los lavatorios estaban tapados y las ventanas carecían de cerramiento, en pleno invierno.
La medida concluyó el 13 de junio a las 16.30, con la llegada de una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Sus integrantes encontraron a los detenidos gritando para pedir comida y agua, y las viandas tiradas en el suelo.
Unos 29 agentes de la División Registros, seis del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes y tres jefes de turno serán juzgados por torturas. El delito contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El director Aguilar y seis miembros del Comité de Seguridad están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. Pedro Avelino Insaurralde, jefe de día y máxima autoridad del complejo durante esa jornada, deberá responder por no haber evitado las torturas. Llegó a la unidad a las 22.45 y se retiró a las 0.20.
Los médicos serán juzgados por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas. Dos celadores, un inspector y un auxiliar afrontarán cargos por falsear actas.
Las defensas argumentaron que la requisa era necesaria debido al incendio y a la resistencia de los presos, quienes, según sostuvieron, tenían elementos punzocortantes.
También afirmaron que la sectorización fue un aislamiento temporal contemplado en la reglamentación para prevenir enfrentamientos entre internos. Además, objetaron los relatos sobre la “torre humana”, la mirilla y el inodoro, al considerar que no están respaldados por constancias médicas objetivas.
El juez respondió que esos planteos eran, en lo sustancial, los mismos que ya había analizado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata al confirmar los procesamientos, el 18 de julio de 2025. Añadió que desde entonces no se había incorporado nueva prueba. También recordó que en esta instancia basta con un juicio de probabilidad y que la certeza se determinará en el juicio oral.
En la misma resolución, y a pedido de la fiscalía y la querella, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros, que se limitaron a apagar el fuego y ventilar el pabellón.
