Algunas de las figuras presentes dijeron que habían recibido sus invitaciones de la gestión de Jorge Macri. En el Gobierno porteño, en cambio, sostuvieron que la carpa había sido organizada por Nación. El pliego lleva la firma de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli. La compra estuvo a cargo de la Dirección General Técnico-Administrativa de esa cartera, mientras que el pedido se originó en la órbita de Presidencia, donde Karina Milei, secretaria general, condujo el operativo. Como contacto de la unidad requirente aparece “presidencia.gob.ar”.
Desde la Ciudad diferenciaron las responsabilidades de cada jurisdicción. El Gobierno porteño se ocupó de la “parte masiva” de la celebración, incluidas las pantallas y el vallado. Nación tuvo a su cargo el escenario, las carpas, los asientos reservados, el espacio para personas con discapacidad, la orquesta, el apoyo al backstage y el sector de prensa. En ese reparto, insistieron, la carpa fue una iniciativa nacional.
Fuentes porteñas señalaron que se dispusieron entre 3.000 y 4.000 asientos en la explanada y junto a la Plaza Seeber. La mayoría, explicaron, fue destinada a sacerdotes y feligreses de las parroquias. Las autoridades nacionales y porteñas y sus invitados representaron una minoría. Cada jurisdicción envió sus propias invitaciones: algunos asistentes fueron convocados por la Ciudad y otros por Nación. “No estaban ni invitados ni funcionarios de tercera línea ni tantos diputados”, destacaron.
Aunque la organización correspondió a Nación, los 250 invitados quedaron a criterio de quienes los convocaron, y la Ciudad también participó en esa selección. El periodista Eduardo Feinmann, presente en el sector, sostuvo que “todos” los invitados habían llegado por el Gobierno porteño. La conductora Yanina Latorre confirmó que la invitación se la habían cursado Macri y su esposa, María Belén Ludueña. La tarjeta que Zulemita Menem difundió en redes, y que permitió conocer detalles del espacio, abrió otra incógnita: personas cercanas a los Menem aseguraron que no la habían invitado.
“Los invitados, los famosos, no son nuestros”, señalaron fuentes del Gobierno nacional. Según explicaron, Nación convocó únicamente a integrantes del Gabinete, secretarios, legisladores y gobernadores, aunque reconocieron que sabían quiénes asistirían al acto religioso. “No tenemos por qué cuestionarlos, el criterio depende de quien los haya invitado”.
La polémica se desató después de que los propios invitados difundieran imágenes. La comida que mostraron provenía del servicio dispuesto en el sector. Latorre publicó una foto de un sándwich y una medialuna de jamón y queso, todavía envueltos, con la frase “Nuestro picnic”, y etiquetó a Analía Franchín. Ella compartió luego una selfie con el altar, los arreglos florales y religiosos al fondo. Valeria Mazza subió varias fotos con su marido, Alejandro Gravier, frente al altar, acompañadas por el mensaje “Muy emocionante vivir esta misa, esta energía de amor”.
En una de las imágenes aparecía Carolina “Pampita” Ardohain, que también publicó un video con la frase “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”. Florencia de la V fue fotografiada en el sector más próximo al altar junto a sus hijos, Isabella y Paul. La modelo e influenciadora Angie Landaburu, pareja de Augusto Marini, propietario de los canales de transmisión Blender y Carajo, también difundió imágenes desde el lugar. Sus fotos estuvieron entre las primeras en circular y permitieron ver las comodidades del espacio reservado.
En las imágenes se observaban servilletas con el logotipo de Eat, una marca de catering. Macri salió a dar explicaciones y, en declaraciones radiales, defendió la existencia del sector por razones de protocolo, aunque reconoció un exceso: “Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más”. Desde el Gobierno agregaron que algunos invitados, como Valeria Mazza, son personas que “colaboran mucho con la Iglesia”.
“Se está haciendo un mundo de algo que no lo es. El evento salió impecable y no se está valorando lo que se tiene que valorar, claramente hay un aprovechamiento político de un sector de esto. Es un evento que lo quieren manchar”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada.
La invitación establecía que los asistentes debían usar pantalón largo o pollera o vestido por debajo de la rodilla, llevar los hombros cubiertos y vestir prendas con mangas. También prohibía shorts, minifaldas, ojotas y ropa con logotipos o mensajes políticos, sindicales o publicitarios. Exigía presentar el documento nacional de identidad físico y advertía que el acceso incluiría escáneres y detectores de metales. La controversia por la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó el dato de que se necesitaba un código QR para pasar los controles de seguridad.
El episodio confirmó que el Ceremonial de la Presidencia gestionó las invitaciones y los códigos QR de, al menos, una parte de los asistentes al sector reservado. La invitación oficial también fijaba un código de vestimenta: traje oscuro y corbata para los hombres, y ropa oscura con la espalda y los brazos cubiertos para las mujeres.
El pliego de bases y condiciones describe en detalle los servicios financiados por Nación. El procedimiento 79-0012-CDI26 tenía como objeto la “producción y coordinación general” de la misa del 9 de noviembre y de la vigilia de jóvenes del día 10, en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. El documento excluía expresamente “las actividades propias del ritual litúrgico”. La productora, por tanto, no intervenía en la celebración religiosa, pero sí en los servicios y la infraestructura que la rodeaban.
El documento enumera 31 carpas. La más grande para los invitados aparece identificada como “VIP 1 – Iglesia”: tenía 30 por 40 metros y capacidad para 250 personas. Debía contar con piso, alfombra beige, revestimiento interior de columnas, laterales y techo, además de climatización frío-calor. El listado también incluye una carpa de 5 por 5 metros para Presidencia, otra del mismo tamaño para el Gobierno porteño y una “Back cocina invitados VIP”, separada de la cocina de producción.
El punto 10.3 del pliego, bajo el título “Servicio de Catering VIP”, obligaba a la productora a ofrecer un servicio “para invitados VIP diferenciado del catering de producción”. Para la misa establecía 250 servicios de café, la misma cantidad que las plazas de la carpa VIP. El apartado agregaba 330 servicios para las sacristías, 600 para el coro durante tres días, 20 para un “Coffee Presidencia” y otros 250 para el encuentro de jóvenes. El servicio debía incluir “bebidas frías y calientes, alimentos y demás productos que determine la Unidad Requirente”.
El contrato exigía además “TRES MIL QUINIENTAS (3.500) sillas para sector VIP”, cifra que coincide con la cantidad mencionada por la Ciudad, y otras 1.000 para una tarima de accesibilidad. Para los espacios de recepción, la productora debía aportar mobiliario de diseño: 616 sillas de modelos determinados, 78 mesas, taburetes, manteles y arreglos de flores y hojas verdes para la “Carpa de Coffee VIP”, la “Carpa de Recepción” y la “Carpa de Autoridades”, entre otros espacios. También se contemplaban 17 módulos de baños VIP.
DF Entertainment quedó a cargo de gestionar el acceso a esos espacios. El punto 22 del pliego le asignaba la “acreditación anticipada de hasta 4.000 participantes VIP” en la boletería de La Rural. La operación debía funcionar sin interrupciones desde las 17 del 8 de noviembre hasta las 23 del día 10, e incluir “la validación de datos” y “la entrega de credenciales”. El documento no aclara quién elaboraba las listas de invitados ni con qué criterios: la productora debía acreditarlos, pero no se especifica quién los seleccionaba.
La modalidad de contratación también quedó bajo análisis. El Gobierno utilizó el mecanismo de “Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Urgencia”, previsto en el artículo 25, inciso d), apartado 5, del Decreto Delegado 1023/2001. Esa figura permite evitar una licitación pública cuando una necesidad impostergable no admite los plazos de un procedimiento ordinario. De los tres proveedores convocados a presentar presupuestos, solo DF Entertainment presentó una oferta.
La orden de compra 79-0028-OC26, por $8.690.000.000 en un único renglón y sin bonificación, fue autorizada el 26 de octubre, 13 días antes de la llegada del Papa y casi tres meses después del anuncio oficial de su viaje, realizado el 5 de agosto. Al tipo de cambio oficial de esos días, la suma equivalía a unos u$s 5,6 millones. El pliego no estableció un presupuesto oficial de referencia: exigió que la oferta incluyera todas las prestaciones del renglón, con precios “fijos e inamovibles”. La propuesta de DF Entertainment, la única recibida, fue por el monto finalmente adjudicado.
El contrato también ofrecía flexibilidad a la productora. DF podía solicitar un adelanto de hasta la mitad del monto, unos $4.345 millones, si presentaba una garantía que cubriera esa suma. Sin embargo, el pliego la eximía de las garantías que suelen exigirse para asegurar el cumplimiento de la oferta. Además, el Gobierno podía ampliar el contrato unilateralmente hasta un 20%, o hasta un 35% con el consentimiento de la empresa. En ese escenario, el costo total podía alcanzar unos $11.731 millones.
El pago quedó a cargo de la Jefatura de Gabinete, a través de su Dirección General Técnico-Administrativa, aunque el pedido se originó en la secretaría general de Presidencia. El pliego identifica como funcionarios con capacidad de decisión a los integrantes de la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, creada mediante el Decreto 1127 del 29 de septiembre. La unidad está encabezada por Mariana Vello e incluye coordinaciones de logística, seguridad, protocolo y relaciones institucionales.
DF Entertainment fue fundada por Diego Finkelstein y desde 2018 está controlada por la empresa estadounidense Live Nation, que posee el 51% de las acciones. La productora organiza el festival Lollapalooza en la Argentina y estuvo a cargo de las visitas de artistas como Coldplay y Taylor Swift. Desde 2024 tiene la concesión del estadio Luna Park, propiedad de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y Cáritas, representada por el Arzobispado de Buenos Aires. Después de recibir la adjudicación, la empresa informó que produciría y coordinaría la misa y la vigilia, aunque no detalló el monto del contrato.
La seguridad privada del predio también estaba incluida en el contrato. El pliego pedía un “servicio integral de seguridad” con 400 agentes en cada uno de los tres turnos: la avanzada durante la noche del 8, la misa del 9 y la vigilia del 10. Entre sus funciones figuraban el control de accesos y acreditaciones, la custodia de perímetros y vallados y la supervisión de los sectores gastronómicos. Como se trataba de una contratación llave en mano, DF podía subcontratar tareas específicas, pero debía informar a la Jefatura de Gabinete quiénes serían sus subcontratistas. El Estado conservaba la potestad de objetarlos.
De acuerdo con información difundida por una publicación periodística, la seguridad privada de la misa estuvo a cargo de Tech Security SRL, una firma vinculada con la familia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. La empresa fue creada en 2005 por su hermano Fernando Menem y Pablo Vázquez. Actualmente, Vázquez tiene el 51% de las acciones, Fernando el 34% y Adrián Menem, otro de los hermanos, el 15%. Martín Menem transfirió sus acciones a Adrián el 6 de diciembre de 2023, según el Boletín Oficial.
La compañía ya había trabajado en las campañas de Javier Milei de 2021 y 2023 y en la presentación de su libro en el Luna Park, en 2024. Personas cercanas a la firma explicaron su participación por una relación comercial previa: Tech Security suele prestar servicios en los eventos que organiza DF Entertainment.
La controversia llegó al Congreso. El diputado socialista santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto para que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Pablo Quirno, canciller, informen sobre la organización del sector, la lista de invitados, los criterios de selección y los costos de la carpa y el catering. “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”, preguntó el legislador. El pliego permite responder la última cuestión; las otras dos siguen sin aclararse.
El reclamo también surgió entre quienes colaboraron en la celebración, que, según la Conferencia Episcopal Argentina, reunió a más de dos millones de personas. Un voluntario contó en redes que, después de trabajar desde las 20 del día anterior, tuvo que seguir la misa de pie y detrás de las vallas, a 2,3 kilómetros del altar. Mientras tanto, figuras del espectáculo la presenciaban sentadas a pocos metros del Papa.
