La Corte Suprema de Justicia se dispone a resolver, antes de que concluya el año, la situación legal en el caso de Oil Combustibles, la firma vinculada a Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En el expediente se investiga la presunta retención indebida de impuestos sobre combustibles, fondos que habrían sido utilizados para reforzar el grupo Indalo. López y De Sousa llegan a este nivel del proceso judicial tras haber sido absueltos en un juicio que solo condenó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien recibió una pena de cuatro años de prisión por haber otorgado beneficios a la empresa petrolera.
La Corte evaluará en conjunto ambas posturas. Echegaray, que ya cuenta con una condena, vio su recurso extraordinario rechazado por la Cámara de Casación Penal, lo que lo llevó a apelar ante la Corte en un intento por revertir la situación, cuestionando tanto la sentencia como la duración de la pena impuesta.
Por otro lado, el fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, también ha apelado la decisión que absolvió a López y De Sousa. La Corte considera razonable abordar ambos casos simultáneamente, algo que la fiscalía resalta. La evidencia señala que Echegaray incurrió en un delito al permitir que Oil Combustibles accediera a planes de pago que perjudicaron al Estado, aunque los empresarios que solicitaron esos planes no fueron considerados culpables, según el fiscal.
Una posible salida sería que la Corte enviara el caso nuevamente a la Cámara de Casación para que emita un nuevo fallo sobre la responsabilidad de los empresarios, al mismo tiempo que confirme la condena de Echegaray. “O todos condenados o todos absueltos”, comentó un funcionario judicial, indicando que el problema podría resolverse antes de que termine el año.
La causa ha pasado por todas las vocalías de la Corte Suprema. En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal deberá abordar un pedido de prescripción presentado por la defensa de De Sousa, que busca cerrar el caso sin condenas, argumentando que ha transcurrido demasiado tiempo. Este pedido también incluye recusaciones a jueces de la Cámara de Casación asociados al caso. Recientemente, los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación del juez Gustavo Hornos, planteada por el abogado de De Sousa, Alberto Beraldi. La defensa de De Sousa y López había solicitado previamente la prescripción durante el juicio oral, un pedido que fue rechazado, y ahora han llevado la cuestión a la Cámara de Casación, donde aún no ha sido tratado por la recusación de los jueces. Beraldi recusó a los jueces Petrone y Barroetaveña por haber participado en el caso, y aunque Hornos debía tratar las recusaciones de sus colegas, también fue recusado. Con Hornos ahora confirmado, él podrá decidir sobre la situación de Petrone y Barroetaveña.
La resolución sobre si el caso está prescripto o no tendrá un impacto significativo en la decisión de la Corte, que revisará este incidente en el futuro. La causa se inició en 2016 tras una denuncia de la AFIP, presentada por la diputada Elisa Carrió después de información divulgada en medios. La acusación sostiene que Oil Cobustibles, parte del Grupo Indalo, habría cobrado el impuesto a los combustibles pero no lo habría declarado al fisco, acumulando así una deuda estimada en alrededor de $8000 millones.
Según la fiscalía, estos fondos habrían sido usados para financiar el crecimiento del grupo de López y De Sousa, que llegó a reunir unas 170 empresas. La investigación fue llevada adelante por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Julián Ercolini. En noviembre de 2017, López y De Sousa fueron arrestados y permanecieron casi dos años en prisión preventiva. El juicio oral se inició el 13 de junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 y se extendió durante dos años y medio. El 16 de diciembre de 2021, el TOF 3 condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, hallándolo culpable de administración fraudulenta.
La absolución de López y De Sousa fue decidida por mayoría, argumentando que no se demostró que los empresarios actuaran en complicidad con el funcionario ni que tuvieran intención de defraudar. En su fallo, los jueces dijeron que la responsabilidad de velar por los intereses del Estado recaía sobre el administrador federal y no sobre los solicitantes de los planes. El juez Andrés Basso votó a favor de la condena para los tres acusados. El fiscal de juicio había requerido cuatro años de prisión para Echegaray y cuatro años y cuatro meses para cada empresario.
La AFIP, que había iniciado el caso, se retiró poco antes de los alegatos después de que Oil accediera a un plan de pagos y se levantara su quiebra. Echegaray defendió su accionar asegurando que los planes ofrecidos a Oil eran similares a los otorgados a otros 1648 contribuyentes durante su gestión. El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, convalidó las absoluciones, reconociendo que la petrolera había sido beneficiada por una autorización ilícita de Echegaray que perjudicó al Estado. Sin embargo, optaron por aplicar el principio de duda en favor de los empresarios al mismo tiempo que se confirmaba la responsabilidad penal de Echegaray, ordenando el recalculo de su pena.
Villar había argumentado ante Casación que había una connivencia entre Echegaray y los empresarios, solicitando además una reparación por más de $5166 millones, vinculando los beneficios obtenidos por el Grupo Indalo con fondos trasladados a la familia Kirchner por alquileres, lo cual se investiga en el marco de otras causas. La Cámara de Casación negó el recurso extraordinario de Villar, quien a su vez recurrió a la Corte. El 28 de mayo de 2024, la Corte anula de forma unánime esa resolución, señalando que Casación había tratado de forma superficial las objeciones del fiscal y que la absolución se fundamentaba en una evaluación fragmentada de la prueba. La Corte ordenó que se emitiera un nuevo pronunciamiento por parte de otros jueces. El 19 de febrero de 2025, la Sala I, con una nueva composición, volvió a absolver a López y De Sousa. Slokar propuso rechazar el recurso de Villar sustentándose en el beneficio de la duda, mientras que Borinsky opinó que el caso estaba prescripto. Esta mayoría argumentó que no se demostró que la AFIP hubiera otorgado un trato preferencial a Oil, descartando también la utilización de pruebas de otras causas. Las defensas defendieron que el tipo de planes en cuestión también habían beneficiado a otros contribuyentes, como YPF y la AFA.
Se enfatizó que seis jueces de diversas instancias respaldaron las absoluciones. Guillermo Yacobucci votó en disidencia, argumentando que López y De Sousa fueron directamente favorecidos por un esquema que la Corte ya había calificado como ilícito. Villar volvió a interponer un recurso ante la Corte, alegando que no existía un voto de mayoría dado que Borinsky planteó un asunto de prescripción y Slokar otro de absolución, siendo este otro punto que los jueces de la Corte deben resolver. La defensa de Echegaray también busca la revisión de su caso, luego de que la Sala I de Casación desestimara su recurso y sus declaraciones de nulidad. En mayo, esta sala declaró inadmisible su recurso extraordinario federal, lo que conllevó que la defensa apelara ante la Corte. Esa decisión permitió que avanzara la inhabilitación de Echegaray, quien fue exonerado por ARCA en junio. Si la Corte rechaza esta apelación, la condena de prisión se volverá definitiva y se deberá cumplir.
