La firma británica Rockhopper confirmó su decisión de seguir adelante con el proyecto Sea Lion, destinado a la extracción de petróleo en las Islas Malvinas. Al justificar esta decisión, la empresa señaló que tanto el Reino Unido como el Gobierno de las islas consideran “las medidas argentinas como ilegítimas y carentes de justificación jurídica”. En su informe semestral, Rockhopper también mencionó a la compañía israelí Navitas, operadora del proyecto, la cual destacó que “no se espera que los acontecimientos recientes impacten materialmente en las actividades de desarrollo”. “En las últimas semanas, los comentarios y las amenazas del Gobierno argentino hacia empresas y personas vinculadas al sector hidrocarburífero de las Malvinas han generado un aumento en la atención mediática y política”, expresa el comunicado publicado en su sitio web. La empresa subraya que tanto el Gobierno de las Malvinas como el del Reino Unido se han pronunciado “de manera consistente y firme”, calificando las sanciones argentinas de “ilegítimas y sin justificación jurídica”, y reafirmando su compromiso de trabajar en conjunto para proteger los intereses del territorio británico de ultramar. Según el informe, “Navitas, el operador del proyecto, confirmó recientemente que opera bajo licencias petroleras válidas, legalmente otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, con el pleno apoyo del Gobierno británico”. Además, se afirma que no se anticipa que los recientes eventos alteren el cronograma de actividades del proyecto Sea Lion. Rockhopper posee una participación del 35% en este proyecto, que está dividido en varias fases y planea iniciar las perforaciones a principios de 2027. En esta fase inicial se proyecta perforar 11 pozos, con el objetivo de iniciar la producción en el primer trimestre de 2028. Este informe de la compañía británica, que incluye declaraciones de los Gobiernos británico y de las Malvinas, así como de Navitas, se produce dos semanas después de que la justicia federal de Tierra del Fuego ordenara la suspensión de la exploración petrolera en la zona. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aprobó una medida cautelar solicitada por ex combatientes de la guerra de Malvinas, intimando a las compañías a presentar informes en un plazo de diez días. “Se ordena a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales relacionados con el proyecto ‘León Marino’, concretamente en lo que respecta a la extracción o explotación comercial de hidrocarburos”, señala la resolución judicial.
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