Esta maniobra política busca consolidar su papel en la dirección del peronismo, ya que en su entorno consideran crucial que su figura esté en la boleta para garantizar la competitividad electoral. Por ende, se ha planteado esta alternativa para habilitar su candidatura.
A través de su equipo legal, la expresidenta presentó una adenda con pruebas adicionales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de que este organismo revise su condena a seis años de prisión. Así, pretenden anular la sanción que le prohíbe participar en elecciones.
Los abogados argumentan que se cometieron graves violaciones a sus derechos fundamentales a lo largo del proceso judicial. En su presentación, señalaron que los fondos otorgados a la empresa Austral Construcciones se calcularon con información del ámbito nacional. No obstante, la causa se enfocó exclusivamente en las obras públicas de la provincia de Santa Cruz.
El equipo legal confía en que el Comité de la ONU emitirá un dictamen favorable en un futuro cercano, lo que obligaría al Poder Judicial argentino a reexaminar el fallo este año. Mientras tanto, Cristina Fernández continúa bajo condena y en prisión domiciliaria.
A pesar de la presentación ante la ONU, la decisión final sobre el estado judicial de la exmandataria recaerá en la Corte Suprema argentina, la cual ya ha desestimado previamente varios planteos de su defensa y confirmado la pena.
Por su parte, los dirigentes que apoyan a la conducción kirchnerista se han comprometido a respaldar su postulación, argumentando que cualquier otra candidatura del espacio perdería competitividad frente a sus adversarios políticos. En este contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, adopta una posición cautelosa en la interna partidaria. A pesar de criticar el fallo judicial, evita pronunciarse de manera directa sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner.
