La reunión está fijada para las 11 en el Palacio Pizzurno, donde se reunirán representantes de las federaciones docentes, tales como Fedun, Fatun, Conadu y Conadu Histórica, junto con miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a rectores de más de 60 universidades en el país.
Al momento de sentarse a la mesa, los delegados habrán transcurrido 315 días sin que el Gobierno cumpla con la ley de Financiamiento, según los conteos visibles en las páginas de la UBA y otras instituciones.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien asistirá a la reunión en representación de Fedun, afirmó: “De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen del lado del Gobierno para no cumplir la cautelar judicial de actualización salarial y becas estudiantiles.”
Cagnacci también hizo hincapié en la disposición al diálogo, pero subrayó que, además de la recomposición vinculada a la inflación desde diciembre de 2023, los docentes y no docentes deben recibir un retroactivo desde que se promulgó la ley.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, se mostró escéptica sobre los resultados de esta paritaria tras un paro nacional de 48 horas que su federación convocó recientemente. “Si este 1 de setiembre el Gobierno no salda la deuda con la Universidad y sus trabajadores, vamos a una agudización del conflicto”, declaró.
La Ley de Financiamiento enfrenta un proceso judicial debido a la falta de cumplimiento del Gobierno. La cautelar a favor de las Universidades se ratificó tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que desestimó un recurso extraordinario presentado por el Gobierno en un hecho sin precedentes donde abogados del Estado litigaban en contra de las Universidades públicas.
Una audiencia reciente, convocada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo, fue interpretada como una mediación. Tras el fallo de la Corte, el CIN solicitó al magistrado la imposición de multas a los funcionarios responsables, incluyendo desde el subsecretario Alvarez hasta el presidente.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, también participó en esa audiencia y alertó sobre la “grave situación presupuestaria” de los hospitales universitarios, pidiendo la asignación de fondos del Presupuesto 2026.
Pese a que el Gobierno había prometido cumplir, se mostró reacio a plasmar el compromiso en un acta firmada y propuso una nueva audiencia en los próximos 30 días, lo que muchos vieron como una estrategia para demorar el cumplimiento de la ley.
Pablo Manili, abogado constitucionalista que representa a los rectores del CIN en la demanda contra el Gobierno, indicó que aguardan respuesta del juez sobre sus solicitudes de multas diarias.
El abogado comentó sobre las dificultades que enfrenta la Justicia para avanzar: “El problema es que para un juez es complicado dictar una orden contra el presidente de la Nación y que no te la cumpla. Trata por todos los medios de llevar la causa de modo tal que el Gobierno cumpla sin que la situación se agrave.”
En la audiencia, el Gobierno solicitó nuevamente el levantamiento de la cautelar, argumentando que han estado “pagando” la ley, citando un aumento del 21% acordado en mayo más otro 3% para octubre. “El planteo es muy absurdo. Es como pedir que te levanten un embargo porque debías 10 pesos y ya abonaste 1. Afortunadamente, Martín Cormick dijo que no”, añadió Manili.
El incumplimiento de la Ley de Fondos repercute en el funcionamiento de las Universidades, afectando salarios, becas y la situación de los hospitales universitarios, financiados a través del Presupuesto nacional. Esto involucra a casi 2 millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil no docentes. La ley, eventualmente votada por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso, fue vetada por el presidente Milei.
Con el pago de los sueldos de agosto ya realizado, pero sin el 30% de incremento que debería haberse otorgado, se acerca la paritaria con versiones contradictorias sobre posibles ofertas por parte del Gobierno. Algunos sugieren que podría ofrecer saldar la deuda en tramos, mientras que otros creen que mantendrá su postura actual. Se espera ver si la Justicia tomará nuevas medidas para asegurar el cumplimiento de su fallo.
