Las conclusiones de dicha investigación fueron reveladoras. En primer lugar, se determinó que el grupo señalado no había cometido estafa contra el Estado, aunque la cifra mencionada en las denuncias ascendía a $ 30.000 millones. Sin embargo, se identificaron “desvíos operativos” en el sistema, lo que significa que se cobraron tarifas tanto por encima como por debajo de lo debido en diferentes tramos.
La resolución de la Secretaría de Transporte indicó que se consideró pertinente ampliar los procesos de verificación a todo el sistema nacional de transporte, con el fin de asegurar una distribución adecuada de las compensaciones tarifarias.
El informe oficial señaló que “no se evidenciaron manipulaciones de tarifas en el universo analizado, que comprende aproximadamente 183 millones de transacciones”. Asimismo, no se detectaron patrones significativos de emisión que sugieran manipulaciones sistemáticas. Además, la auditoría reveló que solo el 6,99% del total revisado correspondió a cobros superiores a los que debieron aplicarse según el origen y destino de cada viaje. El problema de los cobros incorrectos se constató en gran parte del sistema, y no solo en las empresas denunciadas. De hecho, 93 líneas mostraron un uso correcto del seccionamiento en más del 70% de los casos revisados.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llevó a cabo una auditoría operativa que incluyó más de 1.000 servicios y más de 12.000 controles tarifarios. Esta auditoría corroboró la existencia de desvíos operativos, tanto por exceso como por debajo de las tarifas apropiadas, y confirmó que las empresas mencionadas inicialmente no eran casos aislados.
Ante estos hallazgos y con el objetivo de prevenir situaciones similares en el futuro, se implementaron medidas como el monitor de UrbanTrips, que compara en tiempo real lo que efectivamente viaja la gente con lo que los operadores declaran haber cobrado. Si hay discrepancias, el sistema las detecta.
Asimismo, se introdujo el sistema S.I.G.O., que actualiza un antiguo mecanismo de control de 2019, permitiendo una planificación, gestión y auditoría automáticas de los recorridos y frecuencias de los colectivos.
El Gobierno concluyó que “no surgen elementos que permitan concluir la existencia de una defraudación al Estado nacional ni de manipulaciones informáticas, alteraciones externas del sistema SUBE o mecanismos fraudulentos que hubieran ocasionado un perjuicio patrimonial al erario público”.
Como parte de esta investigación, el Gobierno también bloqueó un embargo de $ 8.031.229.848 en subsidios correspondientes al período de octubre de 2025 a mayo de 2026. En la actualidad, la cifra en discusión es de $ 7.079.432.098, ya que solo las líneas de jurisdicción nacional siguen debatiendo los reintegros adeudados, mientras que los subsidios de la provincia de Buenos Aires ya fueron liberados tras no encontrarse evidencia de cobros indebidos.
Por el momento, las líneas de colectivos expresaron que no han recibido “respuestas concretas” sobre el destino de los más de $ 7.000 millones. “Mantenemos un diálogo con la Secretaría de Transporte, pero lo que nos indican es que la Justicia se encargará de resolver los plazos”, afirmaron fuentes consultadas. Esto se debe a que, tras las acusaciones contra el grupo empresarial, se presentó una denuncia judicial en la que Transporte aportó sus hallazgos. Ahora, el Gobierno busca que la Justicia defina los tiempos relacionados con el pago de los subsidios retenidos.
