Vardé observó una constante en los casos analizados: “La caracterización como ‘secta’ u ‘organización coercitiva’ y la hipótesis de persuasión coercitiva desde las etapas iniciales, antes de constituirse en conclusión de la investigación”. Esta afirmación coincide con los primeros comunicados de la Fiscalía de Bariloche, donde el fiscal federal Oscar Fernando Arrigo desde el inicio de la causa Rudnev enfatizó la presencia de “persuasión coercitiva”, lo que implica reducir a la víctima a una situación de explotación bajo el dominio del líder.
Añadió que “la víctima tiene viciada su voluntad, por esa razón, accede”. Según Vardé, esta narrativa se repite en varias investigaciones: “Esta combinación entre vulnerabilidad y persuasión coercitiva terminaba atribuyendo incapacidad para tomar decisiones autónomas precisamente a las personas cuya condición de víctimas debía demostrarse”.
La antropóloga plantea que esta perspectiva genera un problema relacionado con la interpretación de las pruebas. “Si se presume que una persona ha perdido la capacidad de reconocer qué desea, su negativa a considerarse víctima deja de debilitar la hipótesis acusatoria. De hecho, la refuerza: ‘No sabe que es víctima precisamente porque ha sido manipulada’. La teoría adquiere así una estructura difícil de someter a refutación empírica”, remarcó.
Esto se observa claramente en el caso federal de Bariloche, en el que Rudnev está acusado de trata de personas. En la declaración en Cámara Gesell de Elena Makarova, quien es mencionada como presunta víctima, ella respondió: “No, no lo conozco”, aclarando que vivía en Bariloche con una amiga y que se movía sin restricciones, negando haber sido manipulada, explotada o privada de su libertad. No obstante, la Fiscalía continuó considerándola víctima tras esta declaración.
El primer cuestionamiento que plantea Vardé es de carácter normativo. “La legislación argentina define la trata mediante conductas -captar, trasladar, recibir o acoger- realizadas con fines de explotación, e incluye como agravantes violencia, amenazas, engaño, coerción o abuso de una situación de vulnerabilidad. Las categorías de ‘organización coercitiva’ y ‘persuasión coercitiva’ no están contempladas en la ley”.
En un trabajo anterior, Vardé ya había señalado que desde 2018 se han incorporado en el discurso contra la trata expresiones provenientes del repertorio antisectas. El análisis de documentos legales ha mostrado que se utilizan como sinónimos: ‘organización coercitiva’ reemplaza a ‘secta’, mientras que ‘persuasión coercitiva’ sustituye a ‘lavado de cerebro’.
La investigadora enfatizó que su cuestionamiento no implica abogar por la impunidad. “Investigar explotación laboral, sexual, patrimonial o cualquier otro delito en comunidades religiosas es esencial cuando existen indicios”, afirmó, insistiendo en que ninguna entidad espiritual debe estar exenta de la ley.
El verdadero resguardo radica en un enfoque diferente: “Las creencias, la disciplina comunitaria, el trabajo voluntario, las donaciones y la vida compartida no pueden ser pruebas que sustituyan la explotación que la ley requiere demostrar”.
Su argumento describe un recorrido: “Una teoría cuestionada sobre la transformación de la voluntad pasó del movimiento antisectas al lenguaje antitrata, del lenguaje antitrata a documentos estatales, de esos documentos a expedientes judiciales y, finalmente, a informes que la presentan como una modalidad emergente de criminalidad”.
La descripción de Vardé resuena con la contradicción entre la hipótesis de la Fiscalía de Bariloche y la declaración de Makarova. Recientemente, en una entrevista, Makarova declaró: “Yo no soy víctima de los ciudadanos rusos que fueron detenidos en Argentina. No los conozco, nunca los he visto y no tengo la menor idea de cómo podría ser su víctima”.
Sobre su llegada al país, la joven rusa aclaró que no estuvo ligada a ninguna organización: “Fui a la Argentina para descansar, pero en realidad estaba buscando un entorno seguro debido a una relación tóxica en Rusia que me preocupaba por mi bebé”.
Según narró, su pareja se oponía a su embarazo, lo que generaba un ambiente de temor, por lo que eligió Bariloche como un lugar más adecuado para afrontar ese momento crucial de su vida.
Su relato sobre esos meses previa al parto contrasta con la narrativa acusatoria: “Mi vida cotidiana en Bariloche era simplemente maravillosa. No tenía ninguna restricción de movimiento, era libre en lo que hacía y decidía”.
Makarova continuó describiendo cómo esos momentos en Bariloche marcaron un periodo positivo en su vida: “Caminaba mucho, respiraba aire fresco, hablaba con mis padres y amigos. Me sentía bien, fue el mejor momento de mi vida”.
No obstante, el panorama cambió tras el nacimiento de su hijo: “Cuando di a luz, de repente aparecieron policías y fiscales que empezaron a hacerme preguntas”. Aseguró que nunca le brindaron explicaciones claras sobre su situación, sintiéndose despojada de su autonomía.
Refirió que las condiciones en las que se encontró después del parto fueron difíciles: “A veces no tenía agua caliente o una alimentación adecuada, y no me permitían salir con mi bebé”. Narró su experiencia de lo que describió como un período de cautiverio y el impacto emocional que tuvo en ella: “El horror que viví en esos tres meses todavía se me presenta en pesadillas”.
Finalmente, cuestionó el proceder judicial: “Creo que la fiscalía actuó de manera injusta con nosotros y particularmente conmigo. No comprendo por qué tuvimos que atravesar todo esto”.
