La denuncia abarca también a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea en calidad de autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que puedan corresponder. Según se indica en el escrito, el comisario inspector aparece en imágenes que han sido difundidas, vistiendo ropa de civil y portando un arma larga mientras efectúa disparos durante el operativo.
“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación. Además, se solicita que el efectivo señalado sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.
El escrito exige aclarar qué arma utilizó el funcionario, qué munición portaba, quién autorizó su tenencia, y cuál era su función y bajo qué órdenes actuaba. Sin embargo, la denuncia no se limita a la actuación individual del comisario, sino que busca determinar si la presencia de personal armado de civil formaba parte de un operativo de seguridad preestablecido y autorizado por las autoridades, o si se trató de una conducta individual que superó las órdenes recibidas.
Según la denuncia, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron en el operativo en las cercanías del Congreso. El relato sostiene que la manifestación comenzó pacíficamente, y que posteriormente, las fuerzas avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes.
El operativo incluyó el uso de gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos de las personas. Además, se hace especial hincapié en las agresiones sufridas por trabajadores de prensa. “Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban realizando su trabajo profesional”, afirma el escrito.
Entre los heridos, se menciona a una fotógrafa que sufrió un traumatismo craneal durante los incidentes, además de otros registros de trabajadores de prensa que habrían recibido impactos de proyectiles. El denunciante considera que la cantidad de registros audiovisuales demuestra que no se trató de un hecho aislado. “La multiplicidad de registros resulta significativa porque permite advertir que no se trató de un único episodio, sino de una secuencia prolongada de intervenciones policiales”, sostiene.
La acusación busca investigar a Monteoliva, Gauna y otros efectivos por su presunta implicación en el operativo represivo. Se plantea que la ministra debe ser investigada en virtud de las decisiones adoptadas antes, durante y después de la jornada. Sin embargo, se aclara que no se establece una responsabilidad automática de la ministra por cualquier conducta de un miembro de las fuerzas.
“Su posición institucional es relevante porque la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 le atribuye al Ministerio de Seguridad, por delegación del Presidente de la Nación, la conducción política del esfuerzo nacional de policía”, señala.
Por ello, se solicita esclarecer si desde el Ministerio de Seguridad se impartieron, autorizaron o toleraron directrices incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza. Uno de los principales propósitos de la investigación será determinar si la participación de efectivos vestidos de civil era parte del plan operativo autorizado y, de ser así, quién lo autorizó y bajo qué normativa.
La denuncia también pide al Ministerio de Seguridad que confirme si estaba prevista la participación de personal de civil, su finalidad y si estaban autorizados a portar y potencialmente utilizar armas de fuego durante la manifestación. En relación a Gauna, se solicita a la Policía Federal que comunique su rol en el operativo, su área de responsabilidad, su superior inmediato y la autoridad que autorizó su participación.
También se pide conocer si tenía asignada un arma de fuego y, en caso afirmativo, qué arma era, su calibre, número de serie, cantidad de munición y registros de posibles disparos realizados durante la jornada. La denuncia hace referencia a la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece el reglamento sobre el uso de armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Según este reglamento, las armas deben utilizarse únicamente cuando resulta estrictamente necesario y su uso se justifica solamente en situaciones en que otros medios no violentos resulten ineficaces y bajo circunstancias específicas.
Por ello, se plantea que, si se demuestra que Gauna utilizó un arma de fuego mientras vestía ropa de civil y sin identificarse como funcionario, deberá determinarse si cumplía con alguna de las excepciones estipuladas por la normativa. “No se trata de afirmar que la mera utilización de vestimenta civil torne ilícito el actuar, sino de establecer si, al momento de recurrir al uso del arma, se respetaron las condiciones exigidas por la normativa que regula el uso de la fuerza”, aclara el escrito.
La denuncia sugiere, inicialmente, la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal, así como vejaciones y/o apremios ilegales contemplados en el artículo 144 bis, inciso 2°. También se menciona eventualmente el artículo 249, relativo a los funcionarios que ilegalmente omiten, rehúsan hacer o ralentizan un acto inherente a su función. El denunciante sostiene que la investigación deberá determinar si las órdenes impartidas durante el operativo fueron legales y si los efectivos se mantuvieron dentro de los límites de sus funciones. “La existencia de una orden superior no convierte automáticamente en legítimo cualquier acto ejecutado en su cumplimiento”, advierte el escrito. Para avanzar, se solicita una serie de medidas probatorias, incluyendo que el Ministerio de Seguridad entregue el operativo completo, sus anexos, modificaciones y órdenes complementarias, así como que identifique a los funcionarios que participaron en su elaboración, aprobación y supervisión. También se requiere que la Policía Federal proporcione registros audiovisuales del operativo, junto a las cámaras de seguridad del Congreso y archivos de medios con especial atención a aquellos que permitan determinar la actuación de Gauna y del personal armado de civil. Finalmente, se pide tomar declaración testimonial a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y testigos de los hechos.
Como paso final, se ha solicitado que se cite a Alejandra Monteoliva y Gustavo Antonio Gauna a prestar declaración indagatoria.
