Bullrich se mostró optimista respecto a la obtención del quórum necesario para facilitar la sesión, programada para las 12, y confía en contar con los votos requeridos para impulsar el proyecto, incluidos sus apartados más controversiales, que serán enviados posteriormente a la Cámara de Diputados para su revisión.
La presidenta del bloque libertario se negó a postergar la sesión a raíz de la celebración de la clasificación del seleccionado argentino de fútbol a la final del Mundial, como aparentemente había solicitado Villarruel, según informaron fuentes cercanas a este intercambio entre las dirigentes.
El día de hoy también se contemplan otros asuntos en la agenda, que incluye una serie de pliegos judiciales presentados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Entre los candidatos propuestos figura Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien aspira a un cargo en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, conocido por investigar a figuras como Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También se incluye a Víctor Pesino, el camarista que respaldó la reforma laboral del Gobierno y que se encuentra a punto de alcanzar la edad jubilatoria de 75 años; Javier Milei ha solicitado al Senado la extensión de su mandato por cinco años.
El desafío para Bullrich es considerable debido a las ausencias esperadas por las vacaciones de invierno en diversas provincias, lo que se traduce en un receso no oficial en el Congreso.
A esta situación se suma una incertidumbre: desde la presentación del dictamen hace más de dos meses, han surgido 15 nuevas versiones del texto, que requerirán modificaciones durante el debate en el recinto, generando mayor desorganización y potenciales complicaciones para la sesión.
No obstante, el oficialismo confía en que algunos senadores disidentes de Convicción Federal, cercanos a los gobernadores dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estén presentes para formar el quórum. También anticipan el apoyo de Julieta Corroza (Neuquén), quien responde al gobernador Rolando Figueroa.
Sin embargo, la incertidumbre creció recientemente cuando se evidenció la presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que se posicionen en contra de la venta de tierras a extranjeros. Este rechazo provocó la renuncia de varios dirigentes al espacio, descontentos con la postura del líder de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, exgobernador peronista cuyo apoyo al gobierno libertario ha generado controversias.
El contexto político en Misiones es complejo, caracterizado por la ruptura del oficialista Frente Renovador de la Concordia, partido que ha gobernado la provincia durante más de dos décadas. Por un lado, se encuentra el gobernador Hugo Passalaqua, respaldado por un considerable número de intendentes que apoyan el Movimiento por lo que Viene; por otro, Rovira, quien formó Encuentro Misionero y mantiene el control sobre algunos legisladores nacionales. Esta situación es resultado de la disputa en torno a la prohibición de la reelección indefinida de los intendentes.
El apoyo de Arce y Rojas Decut es crucial para Bullrich, quien, de perder sus respaldos, deberá reconsiderar la viabilidad de abrir el recinto este jueves. En caso de no lograrlo, sería la tercera vez que se frustra una sesión destinada a debatir sobre la propiedad privada, lo que podría fortalecer el escepticismo que ya existe en el oficialismo, tras la última fallida que llevó a un senador a sentenciar: “¡Esa ley es yeta!”.
La propuesta, desarrollada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluye varios capítulos que modifican el régimen legal de desalojos judiciales y leyes relacionadas con Tierras y Manejo del Fuego. En cuanto a la venta de tierras rurales, la versión más reciente permite la venta sin restricciones a personas extranjeras, aunque sí requerirá autorización tanto de la provincia como de la Nación para empresas con participación estatal extranjera. La legislación actual limita la propiedad extranjera a un 15% a nivel nacional, provincial y departamental, y establece que ninguna nacionalidad puede poseer más del 30% del total permitido.
El Gobierno defiende el proyecto argumentando que asegura la prohibición de que naciones extranjeras compren tierras. Afirman que se diferencia claramente entre inversión privada y la compra de territorio por parte de Estados extranjeros. Por otro lado, resaltan el “doble control” en la compra de tierras por empresas con participación estatal, insistiendo en que la opinión de quienes conocen el territorio es valiosa, más allá de la decisión de un funcionario en una oficina de Buenos Aires.
En relación a los desalojos, la versión más actualizada dista considerablemente de la original. El Gobierno ha tenido que abandonar la implementación de juicios sumarísimos y se han reconocido diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales, así como deudores de alquileres. El nuevo texto propone un plazo de 10 días hábiles para la notificación, en vez de los 3 días estipulados anteriormente, y se añaden protecciones adicionales para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes de proceder con un desalojo.
