La Sala I de la Cámara Federal de Casación, en una decisión por mayoría, ha dado lugar al recurso de casación presentado por la fiscalía, manteniendo y actualizando las medidas cautelares en contra del empresario Juan Carlos De Goycochea.
Este fallo, aunque se centra en un acusado específico, también tendría repercusiones sobre casos similares de otros imputados, afirmaron fuentes del ámbito judicial.
Los integrantes de la Sala I, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, procedieron a revocar la decisión mayoritaria del Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el juicio en cuestión, mientras que el tercer miembro, Diego Barroetaveña, expresó su disidencia.
El pronunciamiento de los jueces establece la reactivación del bloqueo de activos correspondiente al resto de los fondos depositados en la cuenta N° 11.451.742 del Intesa San Paolo Private Bank –Suisse– SA, ubicado en Lugano, y del embargo sobre dos propiedades en Chubut. Además, resolvieron mantener la inhibición general de bienes que pesaba sobre De Goycochea debido a su incumplimiento de un embargo previamente estipulado.
En sus fundamentos, Carbajo y Hornos coincidieron en la falta de justificación para el levantamiento de las medidas cautelares, especialmente considerando que el juicio oral se encuentra en pleno desarrollo. Aseguraron que la conservación de los fondos suizos, los embargos y la inhibición de bienes son necesarios para garantizar el cumplimiento de eventuales penas pecuniarias, multas e indemnizaciones, así como la posible recuperación de bienes relacionados con delitos de lavado de activos.
Los magistrados también advirtieron que la decisión del Tribunal Oral Federal podría poner en riesgo esos objetivos, resaltando que la última actualización del monto del embargo sobre los bienes de De Goycochea data del 19 de abril de 2023.
Remarcaron que, transcurrido más de dos años y medio, “resulta evidente que ha quedado desactualizado frente a las variaciones económicas”. Indicaron que se han producido “fluctuaciones inflacionarias de público conocimiento” que no fueron tenidas en cuenta por la mayoría del tribunal encargado del juicio.
Hornos destacó que los hechos en cuestión se relacionan con actos de corrupción, investigándose la posible existencia de una organización ilícita compuesta por funcionarios y empresarios que habría operado entre 2003 y 2015 para implementar un sistema de recolección de fondos ilegales. Se le atribuye a De Goycochea haber realizado dieciocho pagos, en representación del grupo Isolux Corsan SA, a funcionarios nacionales, que son considerados como supuestos sobornos para sostener sus contratos con el Estado, específicamente para la adjudicación de la obra de la Central Termoeléctrica Río Turbio.
Así, la Cámara de Casación revocó la decisión del tribunal oral y ordenó la reposición de las medidas cautelares respecto a De Goycochea y la actualización de los embargos. Esta cuestión llegó a la Cámara de Casación tras una apelación de la fiscal Fabiana León ante el tribunal oral, mantenida por el fiscal Raúl Pleé.
Los fondos en Suiza fueron identificados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y bloqueados por el difunto juez Claudio Bonadio. De Goycochea y su esposa eran los titulares y beneficiarios finales de una cuenta que contenía US$ 5.543.443 al 2 de noviembre de 2018. Otra cuenta en UBS Switzerland AG acumulaba US$ 8.400.000 en diciembre de ese año. Estos fondos, desbloqueados en su momento, deberán ser congelados nuevamente.
Al inicio del caso, De Goycochea se presentó como arrepentido y admitió haber realizado pagos ilegales, aunque negó que estos constituyeran sobornos. Afirmó que efectivamente pagó a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, pero insistió en que las cantidades eran inferiores a las mencionadas y sostuvo que sus acciones se realizaron bajo presión de los funcionarios.
