La medida fue oficializada a través de la publicación del decreto 585/2026 en el Boletín Oficial y responde a los persistentes riesgos técnicos, económicos y operativos que afectan la estabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico en todo el país. Con esta decisión, el Gobierno busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio público y evitar perturber el marco regulatorio, así como la situación financiera y el abastecimiento.
La emergencia energética fue declarada inicialmente en 2023 y prorrogada posteriormente mediante los decretos 1023/24 y 370/25. Ahora, su vigencia se alinea con el plazo ya establecido para los sectores de transporte y distribución de gas natural. Esta medida se fundamenta en la necesidad de coordinar ambos sistemas, dada su interdependencia operativa y económica, ya que el gas natural sigue siendo un insumo fundamental para la generación térmica de electricidad.
En los últimos años, el sistema energético nacional ha atravesado un proceso de reestructuración que ha incluido reformas normativas, ajustes tarifarios y la implementación de programas de contingencia para hacer frente a situaciones críticas y asegurar el suministro eléctrico en el territorio nacional. Las autoridades han señalado que, a pesar de algunos avances, todavía existen vulnerabilidades estructurales que justifican la prolongación de la emergencia.
El marco regulatorio federal de energía eléctrica, establecido por la Ley N° 15.336 y sus modificaciones, regula todas las etapas, desde la generación hasta la distribución de electricidad en la jurisdicción nacional. De acuerdo al texto ordenado de la Ley N° 24.065, se considera que el transporte y la distribución son servicios públicos, mientras que la generación para abastecer un servicio público se clasifica como de interés general.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía es la encargada de planificar y coordinar las obras y servicios que forman parte de la Red Nacional de Interconexión (RNI), además de establecer las normas regulatorias para el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En el contexto de la emergencia declarada en 2023, la Secretaría ha impulsado medidas que facilitan una transición gradual, priorizando la transparencia, la competitividad y la inversión privada en el sector.
En 2025, se aprobaron nuevas normativas para la normalización del MEM, que comenzaron a regir en noviembre de ese año. Estas reglas tienen como objetivo fortalecer la competencia y la eficiencia económica, además de fomentar la transparencia en la formación de precios, incentivando así la firma de contratos bilaterales y la participación de inversores privados en los sistemas de remuneración de energía y potencia.
La declaración de la emergencia energética se realizó debido a la grave situación que enfrentaba el sistema eléctrico en términos de infraestructura, limitaciones en la capacidad de transporte y una cadena de pagos deteriorada. Según datos oficiales, en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de CAMMESA era del 48 %, lo que obligaba a recurrir a fondos del Tesoro Nacional para cubrir las deudas no cobradas. Con la reciente recomposición tarifaria y la implementación de regímenes específicos de pago, la cobrabilidad se elevó al 97 %, aunque se advierte que cualquier reversión en el cumplimiento de pagos podría amenazar la sostenibilidad financiera del sistema.
La coordinación entre las emergencias de los sectores eléctrico y gasífero responde a la relación directa que tiene el gas natural en la generación térmica de energía eléctrica. La reconfiguración del sistema de transporte de gas natural, vigente desde mayo de 2026, afecta tanto la disponibilidad como los costos de generación y la seguridad del abastecimiento. Por ello, el decreto instruye a las entidades responsables a ajustar la programación y el despacho en función de la nueva capacidad de transporte y las condiciones de disponibilidad.
Se han priorizado obras como la expansión de líneas de alta tensión y la instalación de sistemas de almacenamiento y servicios de reserva operativa, que están destinados a mitigar riesgos en nodos críticos y mejorar la flexibilidad de la red.
El restablecimiento de la cadena de pagos y la reducción de la diferencia entre el Precio Estacional (PEST) y el precio monómico de abastecimiento del MEM son objetivos clave de la política energética actual. En mayo de 2026, el PEST para usuarios residenciales subsidiados constituía únicamente el 24 % del precio de referencia, lo que refleja la existencia de una diferencia económica significativa y la necesidad de avanzar en la focalización de subsidios y en la sostenibilidad financiera del sistema.
El régimen de subsidios energéticos focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25, tiene como finalidad coordinar la fijación de precios estacionales, identificar beneficiarios y reducir subsidios generalizados. Mantener la emergencia se considera esencial para evitar impactos bruscos en el flujo de fondos, la disciplina de pagos y en las inversiones necesarias para modernizar el sector.
