La Cámara en lo Penal Económico ha solicitado al juez federal de Campana, Adrián González Charbay, que remita “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, en cumplimiento con una orden emitida por el tribunal hace 13 días. Además, fue rechazado un recurso de apelación presentado por los acusados para llegar a la Cámara de Casación respecto a esta decisión.
Los magistrados Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A, decidieron el 12 de junio despojar al juez González Charbay del caso y trasladarlo a la justicia de la Capital Federal, que se especializa en delitos económicos, específicamente al juzgado penal económico N° 10, liderado por Verónica Straccia. Sin embargo, el expediente permanece en Campana, lo que llevó a solicitar que la jueza Straccia pida formalmente su envío.
Los imputados, Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, quienes figuraban como propietarios de la mansión a pesar de no tener una situación económica que lo justifique, habían planteado un recurso para impugnar la decisión de trasladar el caso fuera de Campana, el cual ahora fue desestimado.
La Cámara en lo Penal Económico cerró la vía de acceso a la Casación, denegando la solicitud presentada por Pantano y Conte, quienes son responsables de la firma Real Central, encargada de la propiedad de cinco hectáreas, cuyo valor fue tasado en 20 millones de dólares. Además, el tribunal ordenó que, dado el retraso en el envío del expediente, se requiriera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana su remisión.
Pantano y Conte son representantes de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 compró un terreno de aproximadamente cinco hectáreas en Villa Rosa, Pilar, el cual contaba con instalaciones como helipuerto, caballerías, canchas de fútbol y un galpón repleto de vehículos de colección. Existen sospechas de que ninguno de ellos podría haber adquirido dicho bien sin actuar como testaferros de Toviggino. La empresa que inicialmente adquirió el terreno, Central Parks Drinks S.R.L., tenía actividades reducidas y un capital social de apenas 300.000 pesos.
El 16 de mayo de 2024, esta sociedad fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital aumentó a 58 millones de pesos; catorce días después, compró la mansión. Como parte de las primeras evidencias, se encontró una tarjeta corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, que se utilizaba para cubrir los gastos de los vehículos hallados.
Desde hace siete meses, se dirime cuál es el juez competente para investigar. El expediente ha pasado por tres magistrados y comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, desde donde se llevaron a cabo los primeros allanamientos. Posteriormente, se trasladó al Juzgado Penal Económico N° 10 a cargo de Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara de San Martín lo remitiera nuevamente a González Charvay. Esta última decisión fue revocada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a raíz de un recurso del ministerio público.
La mayoría del tribunal concluyó que el tribunal de San Martín no tenía jurisdicción para solucionar esa disputa y que las cuestiones de competencia entre jueces deben resolverse por la Cámara de Apelaciones correspondiente, que en este caso es la penal económica. Así, el expediente fue restituido a la Cámara Penal Económica, que asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10 el 12 de junio.
La defensa intentó impugnar esta decisión mediante un recurso de casación, alegando perjuicio al juez natural y otras irregularidades. No obstante, la Cámara desestimó sus argumentos, indicando que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. Las alegaciones sobre presión mediática y “concentración capitalina” fueron consideradas meras opiniones sin peso jurídico.
Con el rechazo a su solicitud, la defensa de Pantano y Conte puede presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, una opción de admisibilidad estricta y éxito incierto, dado que la Casación ya se ha pronunciado sobre la competencia de la Cámara Penal Económica.
El eventual intento de la defensa podría interpretarse como una maniobra dilatoria en un caso que ha estado estancado durante siete meses, sin abordar el fondo del presunto delito de lavado de dinero o la verdadera propiedad de la mansión vinculada a la AFA. Mientras tanto, la jueza Straccia deberá indagar sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición y el papel desempeñado por Pantano y su madre en lo que se sospecha es un esquema de desvío de recursos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.
