La actual administración está inmersa en una ‘batalla cultural’ que se traduce en una nueva interpretación de los eventos ocurridos en la década de 1970 y un rechazo decidido a la agenda “woke” y a las políticas vinculadas a la Agenda 2030, donde los derechos humanos forman parte integral. Este enfoque se alinea con las posturas del ex presidente estadounidense Donald Trump y el gobierno de Israel.
Carlos Foradori, exviceministro de Relaciones Exteriores y actual embajador de Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra, no participó este año en el Consejo de Derechos Humanos debido a decisiones del gobierno argentino. Como resultado directo, Argentina no tiene derecho a voto debido a su falta de participación activa, aunque su voz crítica apareció en debates específicos, como en relación con la situación en Venezuela y las dictaduras de Irán y Nicaragua.
“Bajo el gobierno de Milei, la Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos”, comentó Dorothea Krueger, de la organización Cadal, en un artículo reciente. Esta afirmación se fundamenta en la notable ausencia de Argentina en el último Examen Periódico Universal (EPU), que analizó la situación de derechos humanos en Ruanda. El video completo de dicha evaluación fue publicado en el sitio de la ONU esta semana.
“Con este silencio, la Argentina le da la espalda a todos aquellos que quisieran opinar libremente en Ruanda, participar en una vida política plural y gozar de la garantía de sus derechos y libertades fundamentales”, añadió Krueger, quien monitorea las posturas de la delegación argentina respecto a las autocracias en el mundo.
Este cambio de rumbo no es un fenómeno reciente. Desde que Argentina se retiró de su candidatura para ser parte del Consejo de Derechos Humanos entre 2026 y 2028, no ha participado en exámenes sobre la situación de países como Panamá, Honduras y Jamaica. En contraste, sí participó en ocho de los 42 países examinados hasta ese momento, incluyendo a Irán, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos difieren diametralmente de su ideología política. En el caso de aliados como El Salvador, Argentina defendió la lucha contra la criminalidad, omitiendo las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en ese país. También brindó apoyo a Italia, donde gobierna otra aliada, Georgia Meloni.
Investigaciones de Cadal indican que Argentina no intervino en situaciones relativas a Angola, Kazajistán, Irak, Egipto, Kirguistán y Guinea, naciones catalogadas como “no libres” por Freedom House.
Ricardo Lagorio, exembajador argentino ante la ONU en Nueva York, expresó que “los derechos humanos no son un invento del kirchnerismo, están en nuestra Constitución”. Además, apuntó que Argentina dejó de participar en la tercera comisión de la ONU, que aborda temas sociales y de género, considerados de poco interés por el gobierno actual.
La crítica hacia la ONU ha llevado a Argentina a distanciarse formalmente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a estar en mora en el pago de sus contribuciones anuales a la ONU y a diversas organizaciones asociadas. En la Asamblea General, la delegación argentina, presidida por Francisco Tropepi, se ha opuesto a cuestionar la esclavitud como “crimen de lesa humanidad más grave de la historia”, alineándose en este voto con las posturas de gobiernos como los de Trump y Netanyahu.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo que “la Argentina contó históricamente con un reconocimiento internacional construido durante décadas” y que su actual enfoque está rompiendo con una tradición que ha sido parte fundamental de la identidad democrática del país.
Belski agregó que el abandono de la OMS, la renuncia a competir por un puesto en el Consejo de Derechos Humanos y los votos aislados en la Asamblea General contra resoluciones previamente consensuadas reflejan un proceso de aislamiento y debilitamiento de la política exterior argentina.
Desde la Cancillería y la oficina de Ginebra no hubo respuestas a las consultas realizadas. Recientemente, Foradori fue nombrado representante permanente de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En el ámbito nacional, la Subsecretaría de Derechos Humanos enfrenta un ajuste progresivo, mientras que su nueva dirección bajo Leonardo Szuchet ha mantenido en suspenso el traslado de sus oficinas y los cambios en el discurso del Museo de la Memoria respecto a la violencia de los años setenta. Se había anticipado una adaptación hacia una narrativa libertaria, la cual se ha detenido desde la llegada del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Desde el inicio de la administración de Milei, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería fue transferida, por decreto, de la Secretaría de Relaciones Internacionales a la de Culto. Las directrices para el voto y el silencio oficial están siendo gestionadas por esta última instancia. “Se ha perdido el poder blando que tenía el país, construído en 40 años de democracia”, concluyó un diplomático veterano.
