La tensión ha aumentado en las últimas jornadas, luego de que la SRA, tras el quiebre público entre sus principales líderes, decidiera llevar a cabo una auditoría externa para evaluar el alcance de las irregularidades. La gestión encabezada por Pino ha acusado a la empresa Mobile Computing SA, responsable del sistema, de negarse a someterse a la revisión, mientras que un grupo del equipo técnico elegido por Gustavo Papini (quien fue director general del Correo Argentino y ahora es asesor de Pereda) ha renunciado durante el proceso. En la actualidad, la entidad se encuentra en una fase de mediación judicial.
De acuerdo con la documentación presentada por la actual dirección, el plan de modernización tecnológica debía llevarse a cabo en un periodo de nueve meses a partir de junio de 2023, pero se extendió durante dos años debido a demoras y renegociaciones, resultando en un costo final que excedió los USD 3 millones.
En un comunicado accedido por distintas fuentes, la SRA reconoce: “Lamentablemente, en forma inmediata, se detectan numerosos errores y fallas de funcionamiento, desarrollos no realizados, entregas parciales y limitaciones no informadas que impidieron la utilización normal del sistema”. La situación se complicó aún más cuando, a mediados de 2024, Mobile Computing SA fue transferida a Grid Dynamics, lo que generó incertidumbre técnica adicional. Asimismo, la auditoría interna señaló que la gestión liderada por Papini y Pereda no respondió a advertencias legales del Estudio Cassagne, asesor de la entidad. Desde el entorno de Pereda argumentan que este no tuvo influencia en la decisión ni en la selección del proveedor.
En este contexto, un grupo de cabañeros de la SRA solicitó formalmente a Pino la realización de una auditoría forense específica sobre el manejo de los registros, señalando un profundo descontento hacia el presidente por la falta de respuestas y controles.
La oposición, representada por Pereda, argumenta que “hubo mala administración y falta de controles”, y solicita acceso total a la documentación y a las comunicaciones internas, a la par que exige una auditoría forense independiente. Su agrupación, Renovación con Unidad, también denuncia que la administración de Pino ha utilizado recursos institucionales para fines políticos y en campañas de desprestigio en el marco de la contienda electoral.
La interna se ha intensificado con la oficialización de la candidatura presidencial de Pereda, quien compartió la dirección con Pino desde 2021 y ahora denuncia el colapso del sistema digital que ambos inicialmente promovieron.
