La oficialización se produjo mediante el Decreto 191/2026 publicado en el Boletín Oficial, donde el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno establecieron: “Nómbrase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto funcionario de la categoría ‘A’ embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Fernando Iglesias”. Además, precisaron que esta designación no interferirá con sus funciones diplomáticas en Bélgica y la UE.
La decisión se tomó luego de que el Senado aprobara el pliego de Iglesias, quien había sido nombrado previamente “en comisión”. La votación tuvo lugar durante la sesión del 26 de febrero de este año, donde se otorgó además luz verde al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.
Antes de su tratamiento en la Cámara Alta, la oposición intentó bloquear el dictamen del pliego en la Comisión de Acuerdos. No obstante, el oficialismo logró imponer su mayoría y continuar con el proceso.
El 19 de febrero, la Comisión de Acuerdos, liderada por Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, evaluó la candidatura de Iglesias frente a la resistencia del sector kirchnerista. Aunque este grupo no formaba parte de la comisión, hizo valer su voz a través de Juliana Di Tullio y Mariano Recalde.
El debate incluyó cuestionamientos abiertos y la promesa de votos negativos a la designación. En particular, Di Tullio criticó a Iglesias por enfrentar una denuncia penal, situación que fue confirmada por el propio embajador. “Esto es una campaña de difamación abierta al diputado Tailhade. La causa está durmiendo hace dos años y medio. Extraño cuando se hacían bien las operaciones”, aclaró.
En semanas previas a la votación, también se hizo oficial la unificación de las embajadas argentinas. Con el Decreto 94/2026, las autoridades decidieron integrar las representaciones diplomáticas en Bruselas, que anteriormente operaban como dos embajadas distintas. De esta forma, la Embajada ante Bélgica asumirá también las funciones de representación ante el bloque europeo, y el embajador deberá desempeñarse simultáneamente en ambas funciones.
El Gobierno justificó esta medida como parte de un esfuerzo por racionalizar el gasto público, en línea con su política de reestructuración del Estado y búsqueda del equilibrio fiscal, sin comprometer los servicios esenciales.
