La agenda también incluye el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El oficialismo cuenta con los votos para aprobar en general el proyecto sobre Malvinas, que incorpora además disposiciones para reorganizar el sistema de defensa y de inteligencia bajo la doctrina de seguridad nacional. Sin embargo, está en duda el capítulo 7 del dictamen, que crea nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera” y requiere una mayoría especial de 129 votos.
El tema se analizó en detalle durante una reunión a puertas cerradas en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja. Por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado, esta última de manera virtual. También asistieron referentes del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores.
El Gobierno envió a Paula Taddei, subsecretaria de Planeamiento Normativo, quien depende de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, para que tomara nota de los planteos.
Taddei escuchó al misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; a la radical bonaerense Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires; y a la santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas. Los tres reclamaron eliminar o modificar sustancialmente el capítulo 7, según trascendió.
El PRO, en cambio, se comprometió a respaldar el proyecto en su totalidad, tanto si se incorporan cambios como si se mantiene sin modificaciones.
El capítulo establece multas elevadas para extranjeros sin residencia permanente en el país y para personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.
También contempla penas de prisión por “facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”.
Además, fija penas de prisión para quienes pongan secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero, así como para quienes ayuden a realizar operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero.
En términos generales, se prohíben la organización, la financiación y la ejecución de “campañas de injerencia extranjera” y de “actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes”.
La iniciativa aclara: “No constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable”.
El eje del proyecto, cuestionado por la oposición más dura, es ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para actuar frente a la aparición de una “amenaza externa”, definida de manera imprecisa.
Para el peronismo y la izquierda, la propuesta del Gobierno es un “caballo de Troya” que encubre una concentración de poder inédita en el Ejecutivo y le permitiría adoptar medidas excepcionales como si fueran ordinarias.
El proyecto mantiene las sanciones penales y económicas por explotar recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Las penas pueden llegar a 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores. No obstante, quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
También se redujeron las multas: el rango pasó de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo, previsto en la versión original, a entre 2.000 y 40.000.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la composición del Consejo de Seguridad Nacional e incorporar como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores.
El nuevo órgano tendrá como tarea principal coordinar una estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. Lo presidirá el Presidente de la Nación y estará integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
Entre sus funciones figura la protección de infraestructuras críticas. Además, podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y aumentar temporalmente los derechos aduaneros.
El protocolo para derribar aeronaves y hundir buques, así como la autorización para que las Fuerzas Armadas intervengan en “operaciones no convencionales”, son algunos de los aspectos más controvertidos que se mantienen en la reforma.
Ese punto genera fuertes críticas porque, según sus detractores, desdibuja la división de funciones y atribuciones entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y permite que estas últimas actúen en materia de Seguridad Interior.
A pedido del diputado Eduardo Falcone, del MID, el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para auditar y supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
El articulado establece que el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral, en un plazo máximo de 48 horas, las medidas adoptadas en el ámbito del Consejo.
Otro aspecto polémico es que la reforma otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y permite inscribir organizaciones en esa lista si existen “motivos razonables para sospechar”.
La oposición sostiene que el proyecto define de manera amplia y sin precisión técnica los conceptos de “terrorismo” y “amenaza externa”. A su juicio, esa falta de límites abre la puerta a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.







