El programa comenzará a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026 y ofrece dos opciones claras y accesibles:
1. Realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional de u$s 350.000. 2. Suscribir un título público por un monto de u$s 800.000, creado específicamente para esta iniciativa.
Tanto los cónyuges como los hijos del solicitante principal también podrán aplicar, siempre que demuestren el vínculo correspondiente y realicen las contribuciones estipuladas para cada categoría. Los cónyuges e hijos solteros de entre 18 y 25 años podrán optar por la ciudadanía mediante un aporte de u$s 100.000 al Tesoro Nacional, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo con un aporte de u$s 25.000.
Así, un grupo familiar típico, compuesto por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de u$s 500.000.
El Gobierno ha resaltado que todos los fondos deberán ser gestionados a través del sistema financiero formal, cumpliendo con los estándares requeridos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia.
Los recursos obtenidos se destinarán a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión será la encargada de evaluar las solicitudes, en colaboración con diversos organismos públicos, incluido la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), y los Ministerios de Seguridad e Interior.
El proceso de evaluación incluirá la verificación de identidad, trazabilidad y legalidad del origen de los fondos, análisis de solvencia patrimonial y financiera, y la revisión de antecedentes penales y migratorios de los solicitantes.
Una vez que se complete la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tomará la decisión final respecto a cada solicitud.
Según indicaron oficialmente, se incorporarán estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos acorde a las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.
Para tal fin, el Gobierno se ha asesorado con un grupo de firmas internacionales destacadas en migración por inversión, con el fin de asegurar la adopción de las mejores prácticas a nivel mundial.
El comunicado concluyó enfatizando que “las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”.
