Desde el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Mario Lugones, se informó que Di Liscia “cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran envergadura, gestión de operaciones complejas y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.
Entre 2017 y 2019, el nuevo secretario se desempeñó como Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, habiendo trabajado previamente como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según se destacó, su trayectoria incluye más de 20 años de experiencia ejecutiva en el ámbito privado.
En su nuevo cargo, Di Liscia tendrá como responsabilidad primordial “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y garantizar la administración eficiente de los recursos”. Además, continuará liderando el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de identificar irregularidades y detectar aquellas pensiones que hayan sido atribuidas de manera fraudulenta, asegurando así que los recursos del Estado se destinen efectivamente a quienes los necesiten.
La renuncia de Vilches se produjo menos de un día después de que presentara su dimisión por motivos “estrictamente personales” a Lugones. El médico sanitarista había asumido en febrero la dirección de la Senadis, una nueva secretaría creada un mes antes para reemplazar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras un escándalo por supuestos sobreprecios que involucró a su anterior responsable, Diego Spagnuolo.
Su salida coincide con un clima de tensión en torno al proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno presentó en Diputados la semana pasada. Este presupuesto incluye modificaciones controvertidas, como la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la eliminación del arancel único del nomenclador de prestaciones y la remoción del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso a las pensiones. Adicionalmente, el proyecto establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo registrado, así como un nuevo criterio de invalidez laboral, con beneficios que equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio.
La propuesta ha generado descontento entre los bloques aliados y dentro del oficialismo, que estaba en negociaciones para elaborar una ley específica para el sector que no afectara el equilibrio fiscal. La jefa del bloque del PRO en el Senado criticó la falta de información sobre los cambios, describiéndolos como una “bomba atómica”.
En respuesta al rechazo, el oficialismo ya había expresado su intención de reconsiderar la situación y llegar a un acuerdo para un nuevo proyecto junto al PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras la oposición propone una iniciativa alternativa para extender la vigencia de la emergencia en discapacidad hasta 2027.
