El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, se encuentra en la fase final de redacción del decreto reglamentario para el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Esta medida estratégica busca dinamizar el escenario económico porteño, fomentando la llegada de nuevos capitales en un contexto de recuperación heterogénea. La iniciativa, que contó con el impulso de La Libertad Avanza y el respaldo del PRO en la Legislatura, pretende convertir a la Ciudad en un polo de atracción para proyectos productivos que generen empleo genuino y modernización tecnológica.
El foco principal está puesto en potenciar el ecosistema emprendedor y las pequeñas y medianas empresas. Al reducir las barreras de entrada y ofrecer previsibilidad fiscal, el Gobierno de la Ciudad apunta a sectores estratégicos como la tecnología, los servicios basados en el conocimiento, el turismo, la salud, la gastronomía y las industrias culturales. El objetivo subyacente es consolidar un marco normativo que incentive la inversión privada de largo plazo como motor del desarrollo urbano.
Requisitos de entrada y segmentos alcanzados
El RIMI establece parámetros claros para los aspirantes al régimen, diferenciando dos segmentos clave según el volumen de capital aportado y el origen de la empresa:
- Microempresas y emprendimientos locales: Aquellos que realicen inversiones productivas en el distrito porteño por montos que oscilen entre los u$s100.000 y los u$s149.999,99.
- Empresas medianas (Nacionales o Extranjeras): Compañías ya inscriptas en el RIGI o RIMI nacional que acrediten una radicación efectiva y el desarrollo de actividades productivas dentro de los límites de la Ciudad, con un techo de inversión fijado en los u$s9.000.000.
La reducción del piso de inversión (originalmente propuesto en u$s150.000) subraya la intención de incluir a una base más amplia de pymes locales, permitiéndoles acceder a una estructura de costos más competitiva desde el inicio de sus proyectos.
Beneficios fiscales y compromisos asumidos
Para incentivar la radicación de estas inversiones, el régimen contempla un paquete robusto de alivio fiscal y apoyo financiero. El Estado porteño ha destinado un cupo fiscal anual de $150.000 millones para sustentar estos beneficios, los cuales incluyen:
- Exenciones de Sellos e Inmobiliario: Los beneficiarios estarán exentos del Impuesto de Sellos en contratos vinculados a la inversión y no pagarán ABL ni Impuesto Inmobiliario por los inmuebles afectados al proyecto por un período inicial de dos años.
- Crédito contra Ingresos Brutos: Se permitirá computar hasta el 25% del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
- Financiamiento: Acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales a través del Banco Ciudad.
En contrapartida, las empresas adherentes asumen el compromiso de mantener su actividad productiva y su radicación en CABA durante un plazo mínimo de cuatro años. Además, cada beneficiario tiene un tope individual de asistencia equivalente al 10% del cupo fiscal anual total, garantizando una distribución equitativa de los recursos estatales.
Restricciones y exclusiones
El RIMI CABA busca fomentar exclusivamente la actividad productiva y de servicios de valor agregado. Por este motivo, se han establecido limitaciones estrictas. No podrán ingresar al régimen empresas dedicadas a actividades financieras, bursátiles, cambiarias, seguros o administración de fondos de terceros. Tampoco serán admitidas aquellas compañías que posean antecedentes de incumplimiento en regímenes de promoción previos de la Ciudad.
Finalmente, rige un principio de exclusividad: los beneficios del RIMI no son acumulables con otros programas de promoción económica vigentes en el distrito. En caso de que una inversión califique para más de un régimen, la empresa deberá optar formalmente por uno de ellos, evitando la duplicación de incentivos fiscales sobre un mismo capital invertido.
