En una reunión del Consejo Federal de Energía, la ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, expuso la crítica situación, señalando la falta de infraestructura como uno de los principales problemas que enfrenta Tierra del Fuego.
Este diagnóstico resulta desfavorable para la gestión de Melella, ya que proviene de una funcionaria de su propio gabinete, y no de la oposición. Castillo subrayó que la provincia continúa en emergencia energética y que la ausencia de una interconexión eléctrica limita la posibilidad de trasladar el excedente de energía de una ciudad a otra.
El problema es de larga data: aunque Río Grande cuenta con excedentes de energía, este recurso no puede ser eficientemente transportado a Ushuaia debido a la falta de conexiones internas. Esta carencia disminuye la capacidad de respuesta ante contingencias y problemas climáticos, en una provincia donde el aumento del consumo invernal agudiza cualquier falla del sistema.
Además, la funcionaria criticó que las inversiones nacionales se concentran en el área metropolitana, aunque el costo político recae en la administración provincial, ya que la emergencia energética persiste bajo la gestión de Melella y afecta la prestación de servicios esenciales, la producción y el funcionamiento de edificios públicos.
La situación se agrava por el impacto de las tarifas. Informes locales indican que el gobierno provincial ha admitido incrementos superiores al 25% en las tarifas de electricidad, en medio de un debate nacional sobre los costos de generación, transporte y distribución. Para los hogares fueguinos, la cuestión no solo radica en el monto que se debe pagar, sino también en el nivel de seguridad energética que ofrece el sistema.
La Provincia ha planteado la necesidad de un enfoque federal en cuanto a la infraestructura energética. Sin embargo, esta admisión destapa una debilidad interna: Tierra del Fuego sigue sin contar con una red eléctrica que una su generación y responda de manera eficiente al aumento en la demanda.
Así, el diagnóstico oficial de la gestión de Melella se mantiene claro: la provincia continúa en emergencia energética, sin interconexiones eléctricas entre sus ciudades y con tarifas elevadas para los usuarios.
