La firma británica, que había recibido un fallo favorable en primera instancia en 2023, se encuentra ahora sin opciones después de que la apelación “en banc”, una figura jurídica reservada para casos excepcionales, fuera desestimada.
En declaraciones a una emisora local, Amerio señaló que “el fallo de la Cámara en pleno rechazó este recurso que presentó Burford, y cada vez sus posibilidades son menores”. El líder de los abogados del Estado explicó que, tras esta negativa, la única vía judicial que le queda a Burford es llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
“Estamos a un paso que finalice” el litigio, afirmó el funcionario. A través de un análisis probabilístico y experiencias previas en relación con el comportamiento del máximo tribunal norteamericano, Amerio anticipó que “creemos que Burford tiene un 2% de chances de revertir esto en la justicia norteamericana, es muy baja la posibilidad”.
La controversia se originó a raíz de la expropiación de la empresa petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El litigio, impulsado por accionistas representados por Burford, llevó a la jueza Loretta Preska a condenar a Argentina a pagar alrededor de USD 18.000 millones. Sin embargo, dicho fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones en marzo.
Con ese telón de fondo, Burford pidió la revisión de la sentencia por el pleno de la Cámara, pero esta solicitud fue desestimada en un breve fallo firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal.
Ante la posibilidad de un nuevo revés ante la Corte Suprema, Burford Capital anunció su intención de iniciar un arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial).
Amerio aclara que, aunque Argentina es miembro de este organismo y está obligada a someterse a sus procedimientos, “Burford se encuentra en una posición muy desventajosa para tener éxito en este arbitraje”.
El procurador recordó que el Gobierno “nunca cedió” a propuestas de acuerdo o conciliación con Burford, convencidos de que sus argumentos legales eran sólidos. “Había intereses de personas argentinas que proponían soluciones de acuerdos porque decían que no podíamos ganar. No solo no cedimos a esas presiones, sino que estábamos convencidos que los argumentos eran los más solventes para el caso”, afirmó.
Juan Ignacio Stampalija, ex subprocurador que dirigió la defensa argentina en el juicio de YPF, enfatizó que “toda la apelación transcurrió en este Gobierno”, en referencia al esfuerzo por desarticular el fallo de Preska, que incluyó la preparación de audiencias y la recopilación de amicus curiae.
En este contexto, Stampalija subrayó el cambio en la postura de Estados Unidos desde el inicio del juicio. “En 2019, el gobierno de Trump apoyó a Burford, pero este Gobierno logró que en cinco oportunidades el gobierno estadounidense respaldara a Argentina, como en el asunto de la entrega de las acciones de YPF y el discovery”, comentó, refiriéndose a la influencia de la Casa Blanca en el resultado del caso.
“Es difícil medir el peso (de esas presentaciones), lo que se demostró fue que las posiciones técnicas eran sólidas y era un fallo (en contra de YPF) que perjudicaba a Estados Unidos. Los jueces debieron haber considerado estos escritos con gran seriedad”, continuó el ex subprocurador.
Stampalija, que actualmente trabaja para el ministerio de Economía bajo la conducción de Luis “Toto” Caputo, subrayó que los argumentos de Burford equiparaban el estatuto de YPF a un contrato bilateral, una argumentación que carecía de fundamento en el derecho argentino. “Eso era claro desde la perspectiva del derecho público y privado, y eso terminó resolviendo la Cámara de Apelaciones”, puntualizó.
“Se evitó entrar en desacato con el sistema norteamericano. Quisimos dejar en claro que esto no era el kirchnerismo, que tres veces entró en desacato (en este juicio)”, describió Stampalija, refiriéndose a otro aspecto de la estrategia judicial. Además, aclaró: “Todos los juicios que asumió este gobierno son ‘regalos’ de gestiones anteriores. Nosotros intentamos resolver lo que nos dejaron”.
Con el rechazo a la apelación “en banc”, Burford Capital solo podrá recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos y proseguir con el arbitraje ante el CIADI. Según el Poder Ejecutivo, ambas opciones presentan escasas posibilidades de éxito para el demandante, indicando que el país está cerca de cerrar una disputa que se ha prolongado por más de diez años y que amenazaba con tener un impacto millonario en las arcas públicas.
“Nosotros sentimos que al haber ganado, el país ganó, y cada uno de nosotros ya no tiene esa deuda sobre sus espaldas y que cada uno de los ciudadanos tendría que pagar”, concluyó Amerio.
