El Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el fallo de primera instancia por el que se ordenó a la Argentina entregar las acciones de YPF para pagar la sentencia de más de US$16.000 millonespor la expropiación de la petrolera.
De esta manera, la Argentina inició el proceso formal de apelación a la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio. Y no esperó la decisión que tenía que tomar la magistrada de aprobar o no el pedido de suspensión de la entrega de acciones, que fue rechazado por los demandantes.
El lunes 14 vence el plazo impuesto por la magistrada para que la Argentina depositara en custodia en un banco de Nueva York el 51% de las acciones de YPF a fin de ejecutar la sentencia en favor de los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación.
Los abogados del país también apelaron ante el mismo tribunal el otro fallo que obliga al país a entregar acciones de la petrolera al fondo Bainbridge para pagar la sentencia por US$95 millones por la deuda en default de 2001.
“Este paso era esperado en una, dos o tres semanas, no ahora. La teoría dicta que debería haber esperado que la jueza diga si acepta o no la suspensión del fallo”
Si bien remarcó que la Argentina está en todo su derecho de no esperar a la decisión de Preska, el especialista que sigue al detalle los juicios contra el país en el exterior, planteó que ahora la expectativa pasa por ver cómo reacciona la magistrada y, sobre todo, los demandantes.
Aun con el paso dado por el país ante un tribunal superior, la jueza Preska puede aceptar o no la suspensión de la entrega de acciones. También puede exigirle al que deposite alguna garantía mientras se sustenta el proceso ante la Cámara de Apelaciones.
En tanto, los fondos a los que Preska habilitó cobrarse con acciones de YPF podrían reclamar que se declare al país en desacato por no entregar los papeles de la petrolera.
El 15 de septiembrede 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
Ese fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de YPF al momento de la expropiación.
El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
Desde el fallo de fines de 2023, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión. Entre ellas, la que avanzó fue el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene fallo favorable de Preska y que abrió el camino a otros acreedores del país para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.
El presidente Javier Milei dijo este miércoles que “el fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.
