El temario incluirá también la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos por el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires para profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño. Se calcula que la sesión se extenderá unas 12 horas.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas, busca endurecer las sanciones para quienes exploten recursos naturales renovables o no renovables en el Atlántico Sur sin autorización argentina.
La propuesta establece multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos vinculados con actividades irregulares. Luego de negociar con bloques aliados y recibir presiones del gobierno de Estados Unidos, el oficialismo aceptó excluir a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos.
La iniciativa dispone, además, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado de manera permanente por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, junto con la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá facultades para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. También podrá evaluar inversiones de Estados extranjeros o de compañías con capital extranjero en sectores considerados sensibles, entre ellos defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales. El artículo 111 inquieta a los aliados, que temen que el gobierno nacional pueda obstaculizar inversiones acordadas por las provincias.
A pedido de legisladores aliados, se incorporó al proyecto una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del Consejo. El Poder Ejecutivo deberá comunicar a ese cuerpo parlamentario, en un plazo de 48 horas, las medidas de seguridad que adopte.
La propuesta contempla también penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero con el propósito de alterar procesos electorales, manipular la opinión pública o condicionar decisiones de autoridades.
Aunque el dictamen excluye de esa figura la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses, la oposición sostiene que la redacción no es suficientemente clara y podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
Legisladores opositores anticiparon que, si no se introducen cambios, el Título VII podría ser rechazado en el recinto. Para aprobarlo se requieren 129 votos afirmativos, una mayoría especial, porque modifica el Código Penal y el régimen de partidos políticos.
Durante el debate en comisión, Paula Taddei, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica, se comprometió a reformular algunos artículos. Sin embargo, los aliados señalaron que solo se modificaron algunas palabras, sin alterar el sentido general.
El otro eje de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresó a Diputados después de que el Senado modificara el proyecto aprobado originalmente por la Cámara baja.
La iniciativa fija como objetivo principal de la entidad preservar el valor de la moneda. También prohíbe financiar, de manera directa o indirecta, al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios o la compra de títulos públicos en el mercado primario.
El Senado cambió el mecanismo para designar y remover a las autoridades del directorio. El texto original exigía el aval de dos tercios de ambas cámaras; la versión aprobada por la Cámara alta, en cambio, deja esas decisiones exclusivamente en manos del Senado y requiere el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes.
El proyecto también impide transferir al Tesoro ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio. Los resultados del Banco Central deberán destinarse primero a cubrir pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio de la entidad o cancelar deuda pública.
Diputados puede aceptar las modificaciones del Senado y convertir el proyecto en ley, o insistir en la versión que había aprobado previamente. El oficialismo anticipó que respaldará el texto enviado por la Cámara alta.







