El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pidió una sesión especial, convocada para las 12 por el secretario parlamentario Adrián Pagan. Será una de las últimas oportunidades del oficialismo para aprobar leyes durante el período ordinario, aunque la Casa Rosada ya prevé extender la actividad legislativa con un llamado a sesiones extraordinarias.
El eje de la reforma es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que coordinará las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. El Presidente estará al frente del organismo. También lo integrarán los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
El proyecto no solo crea una nueva estructura estatal. También habilita al Consejo a disponer medidas excepcionales ante una amenaza externa grave, una categoría cuya definición está entre los principales puntos de discusión. Las herramientas previstas incluyen el bloqueo temporal de fondos y activos, restricciones a operaciones cambiarias y financieras, la suspensión de autorizaciones y contratos, límites al comercio exterior y aumentos transitorios de los derechos aduaneros.
La extensión de esas facultades despierta objeciones. La reforma permitiría que un organismo presidido por el jefe de Estado concentre decisiones con consecuencias económicas y financieras importantes, a partir de la identificación de una amenaza cuya definición es cuestionada.
En las negociaciones, el oficialismo aceptó modificar la integración del Consejo para sumar representantes de otros poderes y de las provincias. A pedido de bloques aliados, podrán participar como miembros no permanentes el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores.
Otros artículos controvertidos, sin embargo, se mantuvieron. Uno fija un protocolo para derribar aviones y hundir buques. Otro habilita la intervención de militares en “operaciones no convencionales”. La disposición fue cuestionada porque podría desdibujar la separación entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, en particular en asuntos de seguridad interior.
El proyecto también incorpora al marco legal el Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, conocido como RePET. Permite incluir organizaciones cuando haya “motivos razonables para sospechar” que están vinculadas con actividades terroristas, un criterio que también genera reparos.
Malvinas y las concesiones a los aliados
La iniciativa suma un capítulo sobre la explotación de recursos en las Islas Malvinas. El texto endurece las penas para quienes realicen allí actividades económicas sin autorización argentina, con condenas que pueden llegar a los 20 años de prisión.
Las sanciones alcanzan a directivos, socios, proveedores y accionistas de las empresas involucradas. No obstante, los cambios hechos durante el debate parlamentario dejaron fuera a quienes tengan participaciones accionarias de hasta el 2 por ciento y a los fondos de inversión que intervengan de manera indirecta en esas operaciones.
También se redujeron las multas respecto de la propuesta original. El primer texto contemplaba penalidades de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo; la nueva versión fija un rango de entre 2.000 y 40.000.
Esas dos concesiones cambiaron el alcance de las sanciones previstas al comienzo, aunque el oficialismo conservó el esquema general que penaliza la explotación de recursos sin autorización del Estado argentino.
Los cambios en el Banco Central
El otro proyecto central que se debatirá es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta redefine las funciones de la autoridad monetaria, cambia el proceso para designar y remover a sus autoridades y amplía las opciones para usar sus activos como garantía en operaciones de financiamiento.
Diputados tratará el texto con las modificaciones del Senado, que se reservó la intervención exclusiva en la aprobación de nombramientos y remociones de directores.
Según el esquema, el Gobierno designará a las autoridades del BCRA, pero necesitará la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara alta. Los directores tendrán mandatos de seis años y podrán ser reelegidos una vez. Para removerlos, el Ejecutivo deberá invocar alguna de las causas previstas y obtener el respaldo de al menos 37 senadores.
En cuanto a sus objetivos, la reforma concentra la actividad del organismo en preservar el valor de la moneda y establece una separación respecto de las necesidades de financiamiento del Tesoro. En ese sentido, elimina funciones relacionadas con la orientación del crédito y los mecanismos de financiamiento diferenciado.
Otro punto relevante es la autorización para utilizar activos y reservas del Banco Central como garantía en operaciones financieras propias. La medida incluye el oro, los fondos líquidos y los títulos, que podrán respaldar acuerdos de financiamiento internacional y operaciones REPO.
Agenda cargada antes de las extraordinarias
La sesión del miércoles también contempla acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, tanto en delitos cometidos por menores como en delitos contra la integridad sexual.
La agenda incluye, además, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, así como una enmienda al Protocolo de Montevideo.
El oficialismo busca aprovechar el tramo final del período ordinario para avanzar en distintos asuntos legislativos. Tras la sesión del miércoles, Diputados prevé reunirse nuevamente el 25 de noviembre para tratar el Presupuesto 2027, siempre que el proyecto obtenga antes un dictamen de mayoría en la comisión correspondiente.
De todas formas, el calendario legislativo del Gobierno continuará una vez concluido el período ordinario. La Casa Rosada convocará a sesiones extraordinarias para seguir el debate del presupuesto en el Senado e impulsar la reforma electoral.
La sesión del miércoles será una nueva prueba para medir la capacidad del oficialismo de reunir apoyos en el Congreso. El debate sobre soberanía y organización de la defensa se inscribe en una discusión más amplia: hasta dónde pueden llegar las atribuciones del Ejecutivo y qué controles mantendrán los demás poderes del Estado.







