Desde la Cancillería señalaron que “por cuestiones de estrategia y confidencialidad” no divulgarán por ahora los detalles de la comitiva. Sin embargo, confirmaron que también participarán funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal, y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio.
La representación procesal ya quedó definida. En el escrito presentado ante el tribunal el 13 de octubre aparecen el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, jefa de la misión argentina en Alemania, como coagente.
Oyarzábal es uno de los especialistas en derecho internacional con mayor trayectoria dentro del Servicio Exterior argentino. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Desde 2023 integra la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde su mandato se extiende hasta 2027. También es miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional y ya se desempeñó como agente y asesor jurídico de la Argentina en causas ante la Corte Internacional de Justicia y el propio Tribunal del Mar.
En una entrevista difundida por la Universidad de Buenos Aires en 2025, Oyarzábal resumió su perspectiva sobre la importancia estratégica del derecho internacional para la Argentina: “El respeto del derecho internacional es nuestra mejor defensa y nuestra mayor fortaleza. El derecho internacional es la principal —cuando no la única— garantía de nuestra seguridad y de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de integración al mundo y de progreso social.”
Oyarzábal estuvo también al frente de la preparación del escrito con el que el Gobierno puso en marcha, el 28 de septiembre, el procedimiento arbitral contra el Reino Unido, de acuerdo con el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre, en Hamburgo y en calidad de agente argentino, firmó la solicitud formal de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, luego de que Londres rechazara los planteos de la Argentina.
La elección de Pasquali de Fonseca como coagente responde a razones geográficas e institucionales. Desde agosto de 2025, la embajadora trabaja en Berlín, donde coordina las relaciones bilaterales con Alemania. Además, allí estableció su domicilio para notificaciones en el expediente ante el tribunal, cuya sede está en Hamburgo, a menos de 300 kilómetros.
Pasquali de Fonseca es la primera mujer que representa a la Argentina ante Alemania. Se graduó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación con medalla de oro y recibió el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática. También cursó estudios de posgrado en derecho penal económico en la Universidad de Friburgo. Durante su carrera cumplió funciones en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega, y ocupó cargos en la Cancillería, entre ellos los de directora nacional de Ceremonial y directora de Europa.
La delegación argentina defenderá el reclamo en una semana de intensa actividad política para el Gobierno. Las audiencias iniciales, previstas para el 10 y el 11 de noviembre, se realizarán durante los dos últimos días de la visita de León XIV al país. Por ese motivo, la representación estará conformada por especialistas técnicos y no por funcionarios de primera línea.
La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar procura que se dicten medidas provisionales urgentes mientras sigue adelante el arbitraje. La Argentina formula cuatro pedidos principales: que se impida al Reino Unido autorizar o permitir el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; que se limite el uso, en perjuicio de los derechos argentinos, de la información obtenida durante la exploración; que se exija la protección del medio marino; y que se prohíba conceder nuevas licencias mientras se mantenga la controversia.
Sea Lion es un emprendimiento de hidrocarburos promovido por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El plan contempla comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y poner en marcha la producción comercial en 2028. La estrategia argentina no pide al tribunal que se pronuncie sobre la soberanía de las islas, asunto que se aborda por otras vías en las Naciones Unidas. El reclamo se enfoca en los derechos sobre los recursos marítimos y en las obligaciones de protección ambiental previstas por la Convención del Mar.
De acuerdo con el calendario establecido por el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga, la delegación argentina expondrá el martes 10 de noviembre, entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo. La representación británica hablará por la tarde, de 15 a 18. El día siguiente, la Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido concluirá el procedimiento entre las 17.30 y las 19.
Las dos jornadas serán abiertas al público y podrán verse en directo. La Argentina cuenta, además, con una representante entre los 21 magistrados del Tribunal Internacional del Derecho del Mar: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, quien fue elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado. Fuentes diplomáticas señalaron que el tribunal podría resolver sobre las medidas provisionales antes de fin de año.
El Reino Unido nombró al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc. La Convención del Mar permite a los Estados que son parte de una controversia incorporar un magistrado propio al panel si ninguno de los jueces permanentes tiene su nacionalidad. Lowe, especialista destacado en derecho internacional del mar y derecho de las inversiones, asumirá antes del comienzo de las audiencias y participará en las deliberaciones junto con los 21 jueces permanentes.
El Reino Unido llegará a las audiencias con una estrategia jurídica ya en curso. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de interferir en las actividades comerciales de la zona. Además, el Gobierno británico confirmó que antes de fin de año pondrá en marcha su legislación de Protección de los Intereses Comerciales, destinada a dar cobertura jurídica a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration frente a posibles sanciones. La medida requiere aprobación parlamentaria.
