El City rechaza las acusaciones que se han presentado y asegura que tiene confianza en que su posición será respaldada. La información disponible no vincula conductas indebidas al presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, ni al director ejecutivo, Ferran Soriano.
Conforme a lo informado, la comisión concluyó que el club habría reportado ingresos comerciales provenientes de sus propietarios en Abu Dabi durante nueve temporadas. Estos fondos se estiman en más de USD 1.063 millones y el informe completo incluye anexos sobre la información conocida dentro del City Football Group.
El expediente deportivo y una posible investigación judicial seguirían caminos distintos. La comisión creada para evaluar el cumplimiento de las normas de la Premier League no tiene autoridad para imponer penas de prisión ni para determinar delitos fiscales, limitándose a resolver las acusaciones presentadas en el ámbito de la competencia.
Por lo tanto, cualquier consecuencia penal requeriría que la Policía, los reguladores financieros o HM Revenue & Customs (HMRC) abrieran su propia investigación. Hasta que eso suceda, las menciones a posibles delitos son solo escenarios hipotéticos derivados de la resolución, no decisiones de tribunales británicos.
La comisión también examinó contratos complementarios e ingresos por derechos de imagen que fueron pagados a jugadores a través de una empresa llamada Fordham. Según se ha interpretado, esos pagos podrían considerarse remuneraciones sujetas a impuestos y contribuciones a la seguridad social, lo que podría ser de interés para la autoridad tributaria británica, HM Revenue & Customs (HMRC).
La posible derivación penal dependería de que los organismos competentes inicien sus propias investigaciones y reúnan pruebas. Se menciona la sección 501 de la Ley de Sociedades de 2006, que penaliza declaraciones engañosas, falsas o engañosas dirigidas a auditores, con penas de hasta dos años de prisión.
Además, la Ley de Fraude de 2006 prevé sanciones de hasta diez años de prisión y multas ilimitadas para quienes hagan declaraciones falsas con el fin de obtener beneficios o evitar pérdidas. La evasión fiscal también es un delito en el Reino Unido y puede conllevar una pena máxima de 14 años. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho acusaciones penales formales vinculadas a este caso.
El expresidente del City y de la Federación Inglesa de Fútbol, David Bernstein, sugirió que el caso debería ser analizado por organismos externos. A su vez, Lord Cruddas, un miembro conservador de la Cámara de los Lores, afirmó que una posible falsificación de cuentas o engaño a los auditores podría dar lugar a una investigación policial.
En el ámbito deportivo, una eventual condena penal a un empleado del club podría resultar en su inhabilitación para participar en la organización, según las normas para propietarios y directores de la Premier League. Los próximos pasos dependerán de las apelaciones que puedan presentarse y de la decisión de las autoridades externas de iniciar o no una investigación.
