Antes de la llegada de Javier Milei al poder, la CNEA contaba con más de 4000 empleados. Actualmente, la plantilla se ha reducido a 3045, de los cuales 2800 han sido, en efecto, invitados a retirarse, lo que representa el 92 por ciento del personal actual.
La notificación del retiro fue recibida por los empleados a través de mensajes el miércoles pasado, justo cuando algunos profesionales exponían en la Cámara de Diputados sobre la relevancia económica del sector nuclear para el progreso y la soberanía del país. Es importante destacar que no hubo presencia de legisladores del oficialismo en la Comisión de Economía durante estas presentaciones.
Cortés, del grupo de Física, Estadística e Interdisciplina, consideró que el plan de retiros implica “un paso más para la invitación a la renuncia y el vaciamiento de la institución”. Entre los detalles del plan se destaca que “los puestos suprimidos no podrán ser nuevamente cubiertos, bajo ninguna modalidad de contratación, por el término de dos años”.
Este plan, anunciado por el Ministerio de Economía, estará vigente por 30 días a partir del 20 de octubre. A pesar de los bajos salarios en la institución, el ofrecimiento no ha sido considerado atractivo por los trabajadores. Desde el sindicato ATE-CNEA han solicitado que “no tomen decisiones apresuradas”, cuestionando la cantidad de la gratificación ofrecida, y han enfatizado que aceptar la propuesta implicaría “renunciar a futuras oportunidades laborales dentro del Estado Nacional”, ya que se prohibiría el regreso al sector público por un período de cinco años.
Marianela Kramm, trabajadora de la CNEA, expresó que la oferta es “lagrimosa, rara y poco seductora para que nos vayamos”. La propuesta se establece en un 90 por ciento de la remuneración bruta por cada año trabajado, con un límite de 24 bases salariales, a pagarse en un plazo de seis hasta 24 cuotas, según la antigüedad. Para Kramm, estas medidas contribuyen “en detrimento de la ciencia nacional”, en continuidad con los 60 despidos de junio, los recortes salariales por la desarticulación del proyecto CAREM y el ajuste en la estructura de la CNEA.
En julio, el Gobierno había determinado la reducción de la estructura de la CNEA, recortando casi el 58 por ciento de su organigrama. Anteriormente, la institución contaba con 645 unidades organizativas, y ahora el máximo será de 272, además de reducir las gerencias de área de once a siete. Los trabajadores han denunciado que estas reducciones no parecen tener criterios técnicos viables para el funcionamiento de la CNEA, sino que se enmarcan en una lógica opuesta.
Con autoridades designadas por el actual gobierno, la comunicación entre la gerencia de la CNEA y los empleados ha disminuido casi en su totalidad. Por ello, han solicitado una reunión urgente a Gennuso, quien asumió como vicepresidente de la institución en julio, para discutir asuntos esenciales sobre “el presente y el futuro de nuestra institución y de quienes trabajamos en ella”.
En su misiva, los empleados del Centro Atómico Bariloche subrayaron la necesidad de establecer “un canal de diálogo directo” que permita conocer las decisiones futuras, expresar preocupaciones y debatir alternativas para proteger los puestos de trabajo, recuperar capacidades perdidas y fortalecer a la institución.
El nuevo régimen de retiros establece que quienes opten por la propuesta no podrán reingresar al Sector Público Nacional bajo ninguna modalidad. Este veto incluye entidades y empresas estatales, como la Autoridad Regulatoria Nuclear, INVAP y Nucleoeléctrica Argentina, limitando las oportunidades laborales de quienes acepten el plan.
Los trabajadores de hasta 59 años recibirán una gratificación equivalente al 90 por ciento de su remuneración bruta por cada año de antigüedad. Para aquellos mayores de 60, se ofrecerán hasta 24 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su remuneración neta mensual, más un 9 por ciento adicional en concepto de cobertura médica.
Una de las conclusiones alcanzadas en la reunión del miércoles fue que la energía nuclear, “debido a sus múltiples ventajas frente a otras fuentes de electricidad, será imprescindible para el futuro. Por esta razón, y por la cantidad de dinero que hay en juego detrás de esta industria, no entendemos qué motivaciones tienen las autoridades para destruirla”, comentó Cortés, quien participó en la mencionada Comisión de Economía.
Al conocer el plan de retiros, la diputada y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, manifestó en el Anexo de Diputados que “se esperaba llegar a fin del año próximo sin esta noticia, con la esperanza de poder retener el sistema con un cambio de gobierno, pero tenemos que actuar ya.”
Informe: Camila Pace
