Estas demandas, relacionadas con accidentes laborales, constituyen más de la mitad del total de las demandas laborales. La situación vuelve a poner en evidencia uno de los objetivos planteados durante las discusiones sobre la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei: disminuir la litigiosidad y acabar con lo que se ha catalogado como la “industria del juicio”.
La expectativa tanto del gobierno como del sector empresarial era que el nuevo marco normativo ayudara a cambiar esta tendencia. Un artículo de la nueva normativa, por ejemplo, indicaba que los jueces del fuero debían seguir la jurisprudencia de la Corte en casos similares para lograr reducir el número de demandas, pero eso no se ha cumplido.
Los primeros datos desde la implementación de la reforma revelan un aumento en las demandas, manteniendo el volumen de juicios en niveles históricamente altos. La situación no se puede atribuir a un aumento puntual en julio, el último mes reportado. Ese mes se presentaron 7.814 nuevas demandas, cifra inferior a la de junio; sin embargo, el informe indicó que esta disminución fue consecuencia de la feria judicial. En un período de doce meses, el total asciende a cerca de 135.400 presentaciones, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones mensuales, la judicialización se mantiene en cifras notablemente elevadas, con aproximadamente 400 juicios diarios.
El análisis a nivel federal presenta datos particularmente destacados. Santa Fe ha emergido como el principal foco de atención: en julio registró 1.525 nuevas demandas, superando incluso a la Ciudad de Buenos Aires, donde se contabilizaron 1.510. Sin embargo, el dato más relevante se encuentra en el total acumulado: entre enero y julio, la provincia sumó 12.150 juicios, mostrando un aumento del 18% en comparación con el mismo período de 2025, mientras a nivel nacional el incremento fue del 2%.
La discrepancia se extiende aún más cuando se considera la cantidad de trabajadores involucrados. La UART proyecta para Santa Fe una tasa de 349 juicios cada 10.000 trabajadores en 2026, comparado con 138 en el promedio nacional, lo cual indica que la provincia presentará una litigiosidad proyectada más de dos veces y media superior a la media del país. En la provincia de Buenos Aires, en los primeros siete meses se acumularon 28.666 demandas, mientras que en CABA se registraron 13.939.
La problemática de la litigiosidad en el sistema de riesgos de trabajo no es reciente, pero se intensifica cada año. En 2025 se alcanzó un récord de 134.141 demandas, lo que se traduce en aproximadamente 370 juicios diarios y un aumento del 6,4% en comparación con 2024, cuando se iniciaron 126.055 juicios. Durante el último cuatrimestre de 2025, la tendencia al alza fue aún más pronunciada, registrando un crecimiento interanual del 12%.
La necesidad de controlar el aumento de la mencionada “industria del juicio” se convirtió en un argumento central del Gobierno para acelerar la promulgación de la reforma a comienzos de este año. Esta situación fue señalada incluso por el sector empresarial y las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) como un factor que contribuía a incrementar costos y generar incertidumbre en el sistema.
No obstante, desde la UART apuntaron especialmente a la necesidad de que el Poder Judicial implemente medidas para atender el incremento de la litigiosidad. “Este escenario exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales. Hay que revertir una dinámica que, si persiste, pone en riesgo a un sistema que actualmente funciona y que es garantía para todos los trabajadores”, expresaron desde la entidad en un comunicado.
Asimismo, resaltaron el reciente fallo de la Corte Suprema, que anuló por unanimidad una decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había aumentado la condena contra una ART, a pesar de que el trabajador no había apelado la resolución. En relación a esto, la UART subrayó la importancia de cumplir con el artículo 89 de la reforma laboral, que ordena a los jueces trabajar alineados con la doctrina de la Corte, bajo pena de mal desempeño.
