Según fuentes judiciales, el conflicto de competencia fue resuelto por los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes previamente habían sido recusados para no intervenir en el caso.
La disputa se originó entre el juzgado de Campana y el tribunal Penal Económico 10, que actualmente está bajo la responsabilidad de Verónica Satraccia, donde la causa se encontraba hasta este viernes. La Cámara determinó que el delito de lavado de dinero es competencia de la justicia federal y no del fuero penal económico, que se ocupa de asuntos que no incluyen el blanqueo de activos. El juez Alejandro Slokar se manifestó en disidencia, abogando por que la causa permaneciera en el fuero penal económico.
Este fallo es susceptible de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la solicitud del fiscal de Casación, Mario Villar, quien argumentó que el expediente debería seguir en el fuero Penal Económico.
Cabe aclarar que los jueces Barroetaveña y Borinsky no especificaron que la causa se trasladara al juzgado de Campana; en cambio, indicaron que la resolución debía ser enviada a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para su conocimiento y posterior remisión “al juzgado federal criminal y correccional de su jurisdicción de oportuna y previa intervención”, refiriéndose así al juzgado de Campana.
El pedido para que la causa sea traspasada a la justicia de Campana fue formulado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como propietarios de la mansión de 105 mil metros cuadrados que cuenta con helipuerto, en la que se hallaron 54 autos de lujo cuyo valor asciende a cifras millonarias, aunque no parecen tener la capacidad económica para adquirirlos. La sospecha recae sobre ellos como posibles testaferros de Toviggino, ya que en la propiedad se encontraron objetos relacionados con el tesorero de la AFA; además, Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para abonar los peajes de los vehículos.
El argumento principal es que la mansión está ubicada en Pilar, donde el juzgado federal de Campana tiene competencia. Por lo tanto, si el ilícito se relaciona con la propiedad, corresponde que se investigue en esa jurisdicción. También se menciona la relación cercana que algunos atribuyen al juez González Charvay con la AFA y la política local de Pilar, donde la asociación intenta trasladar su sede.
El magistrado ha solicitado a otros jueces el envío de expedientes que investigan a la AFA y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia en otros asuntos, como el manejo de significativos fondos en el extranjero.
Con esta decisión, González Charvay retoma la causa, siendo el cuarto juez en atender un expediente que se inició en diciembre del año pasado. El caso estuvo inicialmente bajo la supervisión del juez federal de Comodoro Py, Daniel Rafecas, luego se transfirió al magistrado del fuero Penal Económico, Marcelo Aguinsky, antes de llegar a González Charvay. El juez de Campana realizó allanamientos en la sede de la AFA en la capital y en el complejo de Ezeiza, además de ordenar un peritaje contable sobre los fondos de la entidad para verificar si se habían desviado para la compra de la mansión, una de las hipótesis de la investigación.
La causa regresó al fuero penal económico a mediados de junio, bajo la supervisión de Straccia, y la controversia continuó hasta llegar a Casación, donde el fiscal Villar pidió que el expediente permaneciera en ese fuero, mientras que la defensa de Pantano y Conte solicitó que se reintegrara al juzgado de Campana. La discusión gira en torno a qué fuero debe investigar el delito de lavado de dinero.
Antes de la audiencia, tanto Barroetaveña como Borinsky fueron recusados, el primero por la ex diputada nacional Elisa Carrió y el empresario Guillermo Tofoni, debido a que él fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre pasado. Tofoni también solicitó que se apartara a Borinsky por decisiones contradictorias en el caso. Sin embargo, estos planteos fueron desestimados al no ser parte de la causa.
El juez Slokar votó en contra del pedido de los presuntos testaferros de Toviggino, acotando que no se había argumentado de manera contundente la necesidad de intervención de Casación. Resaltó que, si bien el delito de lavado de dinero corresponde a la justicia federal, los jueces Barroetaveña y Borinsky respaldaron la solicitud de la defensa, al enfatizar que este delito es de competencia federal y el único investigado hasta el momento en la causa.
Los camaristas también recordaron que el fuero penal económico se ocupa de investigar delitos específicos, como la evasión tributaria y el contrabando, y ninguna normativa les otorga la facultad de investigar el lavado de dinero.
Finalmente, Casación subrayó que todo lo actuado en el expediente hasta ahora es válido, y con el regreso al juzgado de Campana, una nueva etapa en la investigación se inicia nuevamente.
