En este contexto, las causas que generan inquietud en la Casa Rosada volverán a tomar protagonismo y podrían influir en la agenda del segundo semestre del año.
Entre los casos más destacados se encuentra la investigación relacionada con la criptomoneda $Libra, en la que el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi deben proseguir con la pesquisa para esclarecer si hubo delitos vinculados al lanzamiento y promoción de este activo digital.
Una audiencia clave tendrá lugar en las próximas semanas en los tribunales de Comodoro Py, y su resultado será fundamental para determinar la continuidad del caso.
La Cámara Federal de Buenos Aires ha programado una audiencia para el 10 de agosto en la que los querellantes apartados del caso insistirán en su derecho a continuar en esa posición y seguir impulsando la causa. Estos querellantes, representados por los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois, han apelado la decisión del juez Martínez De Giorgi.
La Sala I de la Cámara ha convocado a los damnificados para el 10 de agosto, y tras la audiencia, los jueces deberán decidir si podrán continuar como querellantes. Para ellos, su exclusion significaría la consolidación de un vacío en el control e impulso de la causa, que quedaría únicamente en manos del fiscal, cuya labor es cuestionada por los querellantes.
Esta causa está bajo la revisión de la Sala I, compuesta por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La composición de esta sala está actualmente en proceso de renovación, respecto de Bruglia y Bertuzzi, quienes fueron trasladados durante la gestión anterior. Bertuzzi, que permanece en la sala gracias a que su pliego fue enviado al Congreso, había llegado junto a Bruglia a la Cámara Federal en 2018.
El presidente Javier Milei ha elegido a Bertuzzi y enviado su pliego, junto al de Pablo Yadarola, al Senado, donde ambos serán tratados el 12 de agosto por la Comisión de Acuerdos.
Bruglia, por su parte, ha presentado un reclamo ante la CIDH para mantener su cargo y será reemplazado en la Sala I por Yadarola. Sin embargo, si el recambio no se lleva a cabo para agosto, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con su actual composición.
La Cámara Federal es un tribunal crucial que revisa decisiones importantes vinculadas a casos de corrupción, y la Sala I debe resolver todos los asuntos relacionados con la causa Libra.
La fiscalía, liderada por Gerardo Pollicita, recibió antes del receso un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que es parte del proceso investigativo destinado a justificar el patrimonio de las personas involucradas.
En los primeros días de agosto, el fiscal solicitará a Manuel Adorni justificar las inconsistencias detectadas. Si las explicaciones no son satisfactorias, lo citarán a declaración indagatoria.
La causa ha acumulado abundante evidencia, incluyendo gastos que superan los 400 mil dólares, deudas de 335 mil dólares y consumos con tarjetas de crédito personales y de funcionarios del área de Comunicación del gobierno.
Varios testigos han declarado en la fiscalía, complicando a Adorni, incluyendo al contratista Matías Tabas, quien realizó trabajos en la propiedad de Indio Cuá y presentó evidencia clave en su teléfono.
El expediente revela compras y gastos significativos en viajes, adquisiciones lujosas, como ropa de cama por 8 millones de pesos, una cascada para la piscina y proyectores para videojuegos.
Además, la fiscalía ha recibido información de plataformas de criptomonedas, como Binance y Lemon Cash, en las que Adorni tenía cuentas.
En cuanto a la causa ANDIS, se espera que tome impulso tras el receso judicial. En el expediente se encuentra procesado su extitular, Diego Spagnuolo, quien se ha negado a entregar sus registros de voz para analizar audios supuestamente atribuidos a él.
Estos audios sugieren un posible sistema de coimas, manipulación de contratos y retornos de dinero, mencionando a otros funcionarios del Gobierno, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, así como operaciones relacionadas con el sector de medicamentos y las pensiones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El fiscal Franco Picardi ha solicitado avanzar en esta medida mediante entrevistas públicas. La fecha para el inicio de estas pericias se ha postergado debido a que los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia durante el receso.
El juez Ariel Lijo, que lleva el caso, ha instruido a la Gendarmería Nacional, encargada de llevar a cabo la medida, a fijar una nueva fecha para su inicio, lo que se definirá en breve.
Asimismo, el juez deberá pronunciarse sobre una nueva tanda de indagados por supuestos sobornos en la adquisición de insumos de alto costo, entre los cuales se encuentra Spagnuolo.
Se espera también un fallo de la Sala II de la Cámara sobre la primera lista de procesados que han apelado sus respectivas medidas. Estos procesamientos, dictados por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello, incluyeron a Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Angel Calvete, entre otros.
La Sala II es la encargada de resolver este caso en particular y recientemente ha quedado vacante de un juez tras el retiro de Martín Irurzun, quien no logró que la justicia permitiera su permanencia ni conseguir el correspondiente acuerdo para continuar en su cargo por cinco años más. El gobierno ha comenzado los trámites para cubrir esta importante vacante.
