De acuerdo a lo que ha trascendido en la presentación judicial, un peritaje realizado al teléfono de Ocampo —propietario de una radio y un sitio web en la zona— reveló mensajes en los que daba instrucciones a funcionarios municipales. Además, se le califica como un “asesor” del intendente, que pertenece al partido La Libertad Avanza (LLA).
En la audiencia que tuvo lugar el lunes, tanto Román como Ocampo estuvieron presentes, y se decidió un cuarto intermedio, por lo que el 17 de junio se definirá formalmente si se procederá con la imputación de cargos contra ambos.
La investigación se inició tras una denuncia presentada el 26 de junio de 2025, que alude a irregularidades que habrían ocurrido desde el comienzo de la gestión de Román a finales de 2023 hasta mediados de 2025.
El Tribunal de Cuentas de Allen mencionó en su denuncia que Ocampo asumió funciones que corresponden al intendente “sin contar con la facultad legal para ello”. Esto abarca, entre otras actividades, la toma de decisiones en la gestión municipal, participación en reuniones de gabinete y decisiones sobre compras y contrataciones.
Asimismo, el organismo indicó que posee testimonios que evidencian la “existencia de esta irregularidad en el ejercicio del cargo”. Igualmente, se alega que Ocampo utilizaba una línea telefónica paga por el municipio para comunicarse con funcionarios, así como el pago de honorarios mediante publicidad a su radio.
En julio de 2025, la justicia, en el marco de la denuncia presentida al Ministerio Público Fiscal y llevada adelante por las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti, realizó diversos procedimientos en el municipio y en propiedades asociadas a Ocampo para recopilar documentos y dispositivos electrónicos.
Después de la audiencia del lunes, el intendente Román se pronunció sobre las acusaciones, se mostró “tranquilo” y sostuvo que la fiscalía carece de pruebas contundentes. “Nuestra defensa está lista y notamos que la acusación fiscal no está bien fundamentada, porque me acusan de un delito sin aclarar si realmente lo cometí”, expresó.
Pocos días antes, vecinos de Allen presentaron una solicitud oficial de revocatoria en su contra, obteniendo más de 3000 firmas de residentes locales. En su petición al Concejo Deliberante, lo acusaron de “negligencia e ineptitud en la prestación de servicios públicos”, así como de un “progresivo abandono” en diversas áreas de mantenimiento urbano. Román es el único intendente de la provincia vinculado al partido libertario.
