La Justicia federal ha iniciado una exhaustiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Jorge Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión judicial implica la puesta en marcha de una amplia batería de medidas probatorias destinadas a reconstruir detalladamente la evolución de su patrimonio desde el año 2020 hasta la fecha.
El expediente de esta causa quedó formalmente radicado en el juzgado federal número 6, y la pesquisa fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. El accionar judicial se origina a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Marina Pagano.
En su dictamen formal, el representante del Ministerio Público Fiscal fue claro al establecer que el objetivo central de la investigación será “la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni”.El Cuestionado Trayecto Funcional y el Incremento Patrimonial
El fiscal Marijuan señaló que el cuestionado incremento patrimonial “habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional”. La carrera de Francisco Adorni en la administración pública se desarrolló primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, posteriormente, a partir de junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La denuncia que dio origen a la investigación subraya que Francisco Adorni “no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”.El Patrimonio Declarado y la Inusual “Capacidad de Ahorro”
El escrito detalla la situación patrimonial de Adorni al asumir funciones públicas, según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). En ese momento, Adorni declaró ser titular del 50% de una vivienda en City Bell, valuada en $38.790.000, y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017, tasado en $5 millones. El total de bienes y dinero consignado ascendía a $43.790.000, destacándose la mención de “ninguna suma en concepto de deudas”.
Sin embargo, el fiscal Marijuan puso la lupa en la declaración jurada anual correspondiente al ejercicio 2025, donde el funcionario informó un patrimonio neto de $80.500.000.
Este significativo aumento, según se consignó, “se explicaría sustancialmente” por dos operaciones clave: la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade 2020, valuada en $8 millones, y, de manera crucial, la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.
Uno de los puntos más determinantes del dictamen fiscal resalta la duda sobre la justificación del origen de los fondos. El fiscal señaló que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos”.Deslinde con la Causa de Manuel Adorni y Requerimientos Judiciales
A pesar de que la denuncia original hacía mención de la existencia de otra causa vinculada al patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró de manera explícita que “aquellas menciones que a su respecto efectúa en la denuncia no serán objeto de esta investigación”. De esta forma, la pesquisa se enfoca exclusivamente en la situación patrimonial de Francisco Jorge Adorni.
Para avanzar con la investigación, el Ministerio Público Fiscal ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y ha requerido una extensa y detallada serie de informes a diversos organismos públicos y entidades financieras.Medidas de Prueba Solicitadas:
A ARCA: Se pidió información exhaustiva sobre declaraciones juradas, movimientos patrimoniales, cuentas bancarias, consumos con tarjetas, operaciones cambiarias, bienes registrables y cualquier movimiento vinculado a activos virtuales.
Al Banco Central de la República Argentina (BCRA): Se requirió que solicite a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera.
Al Banco Provincia (BAPRO): Se hizo un requerimiento específico para que remita el “detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026”. Este detalle debe incluir la fecha, el monto, el medio de pago utilizado y, fundamentalmente, el origen de los fondos empleados para la cancelación.
La investigación también busca reconstruir cualquier posible vínculo societario, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros del funcionario. Para ello, se libraron pedidos a:
La Unidad de Información Financiera (UIF).
La Inspección General de Justicia (IGJ).
Registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques.
Compañías aseguradoras.
Empresas de envío de dinero.
Finalmente, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo de Francisco Adorni, las resoluciones de designación y el detalle de los haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción (OA) se le solicitaron las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.
