Según fuentes del ámbito judicial, el fiscal presentó un escrito ante el tribunal en el que argumentó que los procesamientos previamente dictados deben ratificarse, aunque con una acusación que complica aún más la situación legal de los responsables de la AFA.
Pérez Barberá ya ha entregado su dictamen, y ahora corresponde a las defensas de los procesados presentar sus argumentaciones, lo cual tienen como plazo hasta el 5 de mayo. Posteriormente, los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, estarán en condiciones de decidir si confirman o revocan los procesamientos. Si los mantienen, el caso estará en condiciones de avanzar hacia un juicio oral.
Tapia, Toviggino, junto al gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, el secretario general, Cristian Malaspina, y el ex secretario general, Víctor Blanco, fueron procesados a finales de marzo por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, por el delito de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social, debido a que la entidad no pagó a tiempo 19.300 millones de pesos en impuestos de IVA y ganancias, además de aportes previsionales.
“Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento”, mencionó el magistrado en su resolución, enfatizando que la AFA contaba con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones.
El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, no objetó los procesamientos, pero apeló la decisión al considerar que debería agravarse la acusación, ya que se omitió considerar uno de los aspectos de la retención que se refiere al patrocinio con fines publicitarios.
Esta apelación fue trasladada a la Cámara y el fiscal Pérez Barberá apoyó el criterio de su colega. La discusión es de carácter técnico y gira en torno a si la AFA tenía la obligación legal de retener los ingresos generados por publicidad, dependiendo de su clasificación como agente de retención o de autorretención.
Los fiscales sostienen que la AFA debía efectivamente realizar estas retenciones, lo cual representa una suma considerable. Según el dictamen del fiscal Pérez Barberá, la cantidad correspondiente a publicidad asciende a 6.679.796.471 pesos durante el período bajo investigación, y representa el 77% de los fondos de seguridad social que no se han pagado.
“Excluir esos importes del ámbito de aplicación del tipo penal implica, en los hechos, desnaturalizar la finalidad del régimen, en tanto deja sin tutela penal una parte sustancial de los recursos cuya recaudación se procura garantizar”, argumentó el fiscal en su dictamen.
